La Comisión de Investigación parlamentaria prometida por PP y Vox para esclarecer cómo ha sido la expansión de las renovables en Aragón ya tiene luz verde. En el día de ayer, PP y VOX registraron en las Cortes de Aragón dicha comisión con el objetivo de «aclarar» la gestión realizada por el anterior Ejecutivo de Javier Lambán. La idea principal que defienden ambas formaciones es dar seguridad jurídica «a toda la industria para tener unas condiciones transparentes e iguales».
Esta investigación viene al hilo del debate que lleva meses encima de la mesa sobre las supuestas irregularidades y tratos de favor que Forestalia ha podido tener por parte del anterior Gobierno para llevar a cabo el despliegue de renovables. De hecho, durante la campaña electoral ya se criticó el modelo de las renovables e incluso se otorgaron sombras sobre el beneficio de Forestalia en esta expansión, como hizo en esta entrevista el ahora vicepresidente del Ejecutivo aragonés, Alejandro Nolasco.
Y todo ello, a pesar de que Lambán mostraba su convencimiento de que todos los procedimientos se estaban llevando a cabo de manera correcta. Sin embargo, en más de una ocasión se han puesto dudas sobre los proyectos de Forestalia.
Entre ellas, la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel que tildó como «claro fraude de ley» los procesos de tramitación que se llevaron a cabo con el proyecto del autodenominado «Cluster Maestrazgo».
En el caso de Forestalia, esta compañía tejió un alto volumen de relaciones empresariales con personas vinculadas a la administración aragonesa relacionada con el Medio Ambiente. Así lo hizo con el exconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Alfredo Boné Pueyo, o el exviceconsejero del ramo, Luis Marruedo y con la jefa de gabinete de la consejería de la época, Ana Cristina Fraile, a través de la empresa VIADOS SL.
O que dos de las concesionarias que fiscalizan estos proyectos de renovables para la comunidad aragonesa tengan una vinculación estrecha con Forestalia: las empresas Satel y Calidad y Estudios, trabajan a la vez para el Gobierno aragonés y para Forestalia. Es más, los informes que elaboran estas compañías contradicen en ocasiones los pronunciamientos previos de los técnicos de Medio Ambiente que rechazan algunos proyectos. Estos funcionarios han reconocido públicamente que han sido purgados y señalados por el Gobierno de Aragón ya que en ocasiones han rechazado los macro proyectos de renovables por ser inviables medio ambientalmente. Y más tarde han sido aprobados.
EL OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
Por ello, esta comisión de investigación persigue el objetivo de «facilitar la ordenación del sector de las renovables», explicó ayer en rueda de prensa el portavoz del PP, Fernando Ledesma, indicando que este es «un sector estratégico, primordial, transformador y que genera industria y empleo». Coincide que el PP ya reclamó en la anterior legislatura que se llevara a cabo un orden en el sector debido al rapidísimo y desmedido incremento de renovables.
Ledesma subraya que quieren «aclarar las dudas que haya podido haber, las malas prácticas, si las ha habido, despejar dudas para que todo el que quiera implantarse lo pueda hacer, con condiciones iguales para todos y que Aragón pueda seguir siendo líder en renovables».
En el caso de Vox, el portavoz Santiago Morón aseguró que algunas noticias publicadas, entre otros por HOY ARAGÓN, no hacen otra cosa que informar sobre las sombras que hay en el sector. Vox subrayó ayer que es más que evidente «la falta de planificación» en el modelo que usaba el Ejecutivo anterior de Javier Lambán.
«Es verdad que se crearon muchos parques, pero realmente faltaba un criterio en esa instalación, eran instalaciones poco eficientes que se han llevado por delante una gran cantidad de suelos agrarios y de la Red Natura 2000″, afirmó. Ambos portavoces han resaltado que, en caso de haber irregularidades, se llevarán a la Fiscalía.