La duración de los contratos inscritos en los servicios públicos de empleo se situó en 2023 en una media de 46,36 días, su cifra más baja desde 2006, a pesar de que la reforma laboral llevó el total de contratos temporales a mínimos históricos, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recogidos por Europa Press.

Si el dato de 2023 se compara con el de 2019, en ausencia de pandemia y antes de la entrada en vigor de la reforma laboral de 2021 dirigida a promover la contratación indefinida, la duración media de los contratos firmados el año pasado fue casi tres días inferior.

En 2023 se realizaron 15.444.205 contratos, un 15,6% menos que en 2022. De ellos, más de 8,8 millones fueron contratos temporales, cifra que es la menor de la serie histórica, un 21,8% inferior a la de 2022 y en torno a la mitad de la del periodo 2015-2019, antes de la reforma laboral.

Los contratos con una duración igual o inferior a una semana sumaron en 2023 más de 3,1 millones y representaron el 20,6% del total de contratos, porcentaje ligeramente superior al que se registró en 2022 (19,7%) pero lejos del 27,27% de 2019, antes de la reforma laboral. En comparación con 2006, la proporción de contratos con una duración igual o menor a siete días se incrementó en 2023 en seis puntos.

Los contratos con una duración de entre siete y quince días supusieron el 5,78% de todos los contratos firmados en 2023, por encima del 5,3% de 2022, en tanto que los de 15 días a un mes de duración también elevaron su peso en el total de la contratación, desde el 7,08% al 7,23%. En total, un tercio de los contratos suscritos en 2023 duraron un mes o menos.

Al mismo tiempo, los contratos con una duración superior o igual al año sólo representaron el 0,33% del total de contratos firmados en 2023, pero este porcentaje es mayor al de 2022 (0,28%), similar al de 2021 y superior al de 2019 (0,25%). Por contra, es inferior al 0,50% de 2006.

La reforma laboral estableció el contrato indefinido como el ordinario, acabó con los contratos por obra o servicio e introdujo fórmulas para desincentivar los contratos de muy corta duración mediante una penalización en las cotizaciones empresariales.

Además, borró la diferencia entre contratos fijos periódicos y fijos-discontinuos, estableció una nueva definición del concepto de fijo-discontinuo y determinó tanto la posibilidad de que, a través de esta modalidad, pudieran llevarse a cabo las actividades realizadas al amparo de contratas mercantiles o administrativas, como la de formalizar un contrato fijo-discontinuo entre una empresa de trabajo temporal y una persona contratada para ser cedida.

MÁS CONTRATOS FIJOS-DISCONTINUOS

Así las cosas, el número de contratos fijos-discontinuos se ha disparado desde la reforma laboral. En 2023 se realizaron más de 2,3 millones de contratos de esta modalidad, casi nueve veces más de los que se hacían en 2019, antes de la reforma y la pandemia, y 17 veces más de lo que se suscribieron en 2006 (132.181 contratos fijos-discontinuos).

Con la reforma laboral de 2021 se ha reducido el volumen de contratos temporales a mínimos históricos y disparado el peso de los contratos indefinidos sobre el total hasta casi el 43%, frente al porcentaje cercano al 10% que se registraba antes de la entrada en vigor de la norma.

De hecho, en 2023 se firmaron 6.620.983 contratos indefinidos, el equivalente al 42,87% del total, con un descenso del 5,8% sobre 2022. Dentro de los contratos indefinidos efectuados en el conjunto del pasado ejercicio, 2.756.443 fueron a tiempo completo, un 7% menos que en 2022, y 1.550.774 a tiempo parcial, casi un 11% menos que en el año anterior.

LA «MORTALIDAD» DE LOS INDEFINIDOS

A pesar de que el peso de los fijos se ha más que triplicado respecto a los datos anteriores a la reforma y de que nunca se han registrado tan pocos contratos temporales como ahora, la duración media de los contratos se encuentra en mínimos, con apenas 46,3 días frente a los 79,13 días de media de 2006.

Algunos expertos señalan que esta paradoja se debe a que, aunque la reforma laboral ha impulsado al alza la conversión de trabajadores temporales en indefinidos, tanto en el fijo ordinario como en el fijo-discontinuo, también ha elevado la «mortalidad» de los contratos indefinidos ordinarios, de forma que, aunque se hacen más contratos de esta modalidad, su duración es menor.

Así lo indica Fedea en un reciente informe en el que realiza una evaluación preliminar de la reforma laboral del año 2021 utilizando una base de datos que cubre todos los registros diarios de creación y destrucción de afiliados a la Seguridad Social.

De acuerdo con las conclusiones de Fedea, aunque la reforma laboral ha demostrado ser «muy eficaz» en la reducción de la tasa de temporalidad «contractual», no lo ha sido tanto en la mitigación de la precariedad o inestabilidad laboral.

Fedea señala que la estrategia seguida por la reforma española ha consistido en restringir «drásticamente» el recurso a los contratos de duración determinada o temporales «sin variación alguna de la flexibilidad de los contratos indefinidos ordinarios».

«Sin embargo, para evitar una disminución de la flexibilidad global del sistema, la reforma ha fomentado el uso de otras variantes de contratos indefinidos que ofrecen menos estabilidad, como el contrato fijo-discontinuo. Estos contratos, a pesar de ser etiquetados como indefinidos, no ofrecen el mismo nivel de seguridad laboral a los trabajadores que los contratos indefinidos tradicionales», avisa Fedea en su estudio.

El informe, muestra, por un lado, que ha aumentado la conversión de trabajadores temporales en indefinidos, pero, por otro lado, constata una reducción en la duración de los contratos indefinidos ordinarios.