El 21 de febrero marcó el inicio de un escándalo que ha sacudido los cimientos de la política y el empresariado español, con la detención de Koldo García, exasesor del exministro y destacado político del PSOE, José Luis Ábalos, junto a otras 19 personas.
Este grupo está acusado de participar en una trama de corrupción relacionada con la adquisición de mascarillas durante los primeros y críticos meses de la pandemia de COVID-19. Este caso ha provocado un terremoto político que ha llevado a la suspensión de militancia de Ábalos y a su traslado al grupo mixto en el Congreso.
La Fiscalía ha calificado esta red como una «organización criminal» enfocada en asegurar contratos públicos a través de medios ilícitos. Koldo García, en particular, es sospechoso de haber actuado como intermediario en estas operaciones, recibiendo comisiones ilegales a cambio de su «mediación» para conseguir adjudicaciones de contratos. Posteriormente, se cree que intentó ocultar estos ingresos para evitar su seguimiento.
Koldo García, con un amplio historial de cargos de asesoramiento y consejería en entidades públicas entre 2018 y 2021, habría proporcionado información privilegiada y favorecido a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas en la obtención de contratos de material sanitario.
Esta presunta conducta ilícita se refleja en un notable aumento de su patrimonio, que los investigadores estiman en 1,5 millones de euros en solo dos años, presuntamente tratando de esconder este capital a través de transacciones a nombre de familiares cercanos.
LOS IMPLICADOS EN EL ‘CASO KOLDO’
Entre los implicados se encuentra Víctor de Aldama, actual presidente del Zamora CF, señalado como posible «comisionista» en este entramado y beneficiario de sumas millonarias junto al empresario Juan Carlos Cueto. Se sugiere que ambos tenían una relación estrecha con Koldo García, colaborando en la agilización de trámites con el Ministerio de Transportes para la adjudicación de contratos.
El hermano de Koldo, Joseba García, también aparece involucrado, presuntamente participando en la ocultación de activos y experimentando un inexplicable incremento de patrimonio. Otros nombres que resaltan en la investigación son Patricia Úriz, esposa de Koldo, y José Luis Rodríguez, subteniente de la Guardia Civil, ambos presuntamente vinculados a las actividades ilícitas de la trama.
Juan Carlos Cueto, identificado como el líder del grupo empresarial detrás de Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, habría obtenido beneficios millonarios de las operaciones corruptas. Esta empresa, clave en la investigación, vio cómo sus ingresos se disparaban en 2020, alcanzando los 54 millones de euros, para luego caer drásticamente al año siguiente.
La Fiscalía y la Guardia Civil investigan la ausencia de relación de estos contratos con el objeto social de la empresa, lo que apunta a una manipulación deliberada de las adjudicaciones.
Este caso ha revelado conexiones y reuniones entre los implicados y altos cargos políticos, incluido el propio José Luis Ábalos, señalado por su posible mediación en disputas contractuales sobre mascarillas defectuosas. Asimismo, figuras como Francina Armengol y Ángel Víctor Torres han sido mencionadas en relación con la trama, aunque sin aclaraciones definitivas sobre su participación.