En un período marcado por la urgencia y la necesidad de equipamiento sanitario para combatir la pandemia del COVID-19, Aragón fue una de las excepciones que salpica a otras autonomías gobernadas por el PSOE con el llamado ‘caso Koldo‘. Lo que podría ser a día de hoy un episodio tildado de escándalo, Aragón destaca por lo contrario: la integridad demostrada por sus autoridades.
Koldo García, anteriormente escolta y asesor personal del exministro socialista José Luis Ábalos, intentó sin éxito vender varios millones de mascarillas al Gobierno de Aragón, a través de la empresa radicada en Zaragoza, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, y que está situada en el corazón de la trama corrupta que actualmente investiga la Audiencia Nacional.
Durante la primera ola de la pandemia, la por entonces vicepresidenta del gobierno de Aragón, Mayte Pérez, recibió una llamada de Koldo García, quien en ese momento se desempeñaba como asesor del ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
En esta comunicación, García propuso la entrega de un lote de mascarillas a la comunidad autónoma. Este ofrecimiento se produjo en un contexto donde otras administraciones gobernadas por el PSOE, como las de Baleares y Canarias, aceptaron el envío de mascarillas y ahora se enfrentaban al escrutinio judicial por adjudicar contratos a precios elevados de material defectuoso.
ARAGÓN DIJO ‘NO’ A KOLDO
El rechazo del Gobierno aragonés, liderado por Javier Lambán y compuesto por una coalición de PSOE, PAR, CHA y Podemos, no fue un mero acto de desinterés comercial. Fue una decisión informada por la cautela y la responsabilidad ante una oferta que, según fuentes cercanas al caso, «era extraña y con un tono casi de imposición».
Además del gobierno aragonés de Javier Lambán, la colaboración estrecha del Ejecutivo aragonés con la organización empresarial CEOE Aragón, bajo la iniciativa ‘Aragón en marcha’, demostró ser un enfoque efectivo para canalizar la solidaridad empresarial hacia el suministro de material sanitario. De hecho, Aragón fue de las primeras que pudo proveer a sus sanitarios del material necesario en los primeros meses de la pandemia.
Dentro del Ejecutivo de Javier Lambán, con la exconsejera de Presidencia, Mayte Pérez, como gran encargada de canalizar la ayuda sanitaria, así como el expresidente de la patronal Ricardo Mur, fueron capaces de detectar el intento de Koldo por aprovecharse de la situación.
Según detallan fuentes conocedoras del caso, el alto precio de las mascarillas -más de 1 millón de euros por encima de otros encargos- o la falta de transparencia y explicaciones de cómo sería el pedido y la distribución, encendió las alarmas. Por todo ello, Aragón le dio un portazo a Koldo como intermediario de la macro operación de compra de mascarillas.
Un enfoque comunitario y colaborativo desde Aragón que es radicalmente distinto con los otros intentos de aprovecharse de la crisis para obtener beneficios ilícitos, como lo ilustra el ‘caso Koldo’ en otras comunidades gobernadas por los socialistas, como Baleares o en zonas concretas de Andalucia.
EL ‘CASO KOLDO’ MÁS ALLÁ DE ARAGÓN
La trama que buscaba colocar contratos de suministro sanitario a través de García estuvo cerca de afectar a otras regiones gobernadas por el PSOE, como Asturias, La Rioja y Extremadura. Sin embargo, la documentación del sumario del caso revela un patrón de comunicación que no culminó en transacciones exitosas, posiblemente gracias a la vigilancia y el escrutinio por parte de las autoridades competentes.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil advierte en un informe de que el contrato de la trama Koldo con el Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) infringió la ley porque se ejecutó antes de formalizarse. Así consta en un informe elaborado en septiembre donde se desarrolla el requerimiento practicado en julio al IbSalut para que aportara toda la información disponible sobre el suministro de mascarillas con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, por valor de 3,7 millones de euros.
Los agentes de la Guardia Civil se personaron en la sede del IbSalut en Palma el 19 de julio de 2022, y fueron atendidos por el que entonces era el director de Gestión y Presupuestos, Manuel Palomino. Tras analizar la documentación, la unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción resalta el hecho de que no se localizó ningún documento que reflejara los contactos previos con la empresa para concretar los contratos: «Tampoco se ha localizado ningún contrato o acuerdo firmado entre las partes en el que se concreten los términos de desarrollo del servicio ni se nombre a los responsables».