Acaba de escribir un libro y en la editorial lo presentan textualmente con «el preso más peligroso de España». Este malagueño se ha paseado por cárceles de toda la geografía española sembrando el miedo entre los internos y también amedrentando a funcionarios de prisiones.
Sebastián Santiago Heredia ha prendido fuego a su celda, insultado y amenazado a funcionarios, roto ventanas, autolesionado, según fuentes penitenciarias. Una lista de sanciones en las prisiones españolas que ha hecho que su condena se alargue enfrentándose a nuevos juicios por lesiones y amenazas.
En febrero se conectará previsiblemente por videoconferencia desde la cárcel de Puerto de Santa María donde se encuentra interno, en Cádiz, para asistir a un juicio que tiene pendiente por amenazas a dos funcionarios de prisiones durante su estancia en el Centro Penitenciario de Zuera, en Zaragoza.
Y es que ‘Nanin’, como le llaman y se le conoce, acumula 32 delitos, 162 faltas y 100 sanciones dentro de las cárceles del país. 1,85 metros de altura y cerca de los 100 kilos de peso; para los funcionarios es un verdadero problema constante y tiene que vivir vigilado y en aislamiento.
Entro en la prisión de Zuera en noviembre de 2022, pero ha estado en Málaga I y II; Puerto II y III (Cádiz); Córdoba; Valdemoro (Madrid); Castellón II; Albolote (Granada); Sevilla II; Algeciras (Cádiz) y Murcia II… Ahora ha vuelto a Cádiz.
VIOLENCIA GRATUITA Y BUSCAR EL CONFLICTO
Según fuentes cercanas al recluso, se trata de un perfil que busca permanentemente el conflicto especialmente con sus vigilantes «Hoy no me dejéis solo. Hoy nos llevamos a un funcionario por delante. Si no me seguís, os juro como que me llamo Santiago Heredia que os mato como voy a matar a estos perros», amenaza a otros presos.
El juicio del próximo mes en Zaragoza, uno más en la lista de Heredia contra Funcionarios de Prisiones, podría acarrearle un aumento de su condena ya de por si dilatada en prisión, a pesar de que estas agresiones no estarían consideradas como atentado contra la autoridad por no tener los funcionarios de Instituciones Penitenciarias el mismo rango que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.