El Gobierno de Aragón está tomando medidas para abordar la situación en el CPI Ana María Navales, ubicado en el barrio de Arcosur en Zaragoza, donde las obras de acondicionamiento se han retrasado y existe incertidumbre sobre si el colegio estará listo para el inicio del próximo curso el 7 de septiembre. Los padres y familias están críticos por el retraso que ha dejado el Ejecutivo anterior de Javier Lambán y están insistiendo al nuevo Ejecutivo de Azcón que se apresure en las obras.
La nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Claudia Pérez Forniés, ya ha comunicado a los padres y al equipo directivo del colegio que no se puede garantizar que las obras se completen a tiempo, a pesar de los esfuerzos recientes para acelerar los trabajos. De hecho, el Ejecutivo aragonés ha emplazado a la empresa constructora que trabaje a destajo todo el tiempo necesario para llegar en la fecha límite del día 7 de septiembre, que es el día de apertura escolar en Aragón.
EL EJECUTIVO TIENE UN PLAN B
Para abordar esta situación, el Gobierno de Aragón planea establecer un servicio de conciliación para las familias afectadas si el colegio no está listo para el inicio del curso. Esto incluiría proporcionar espacios alternativos, apoyo de personal y transporte desde las proximidades del colegio hasta los lugares necesarios para la educación de los niños.
La empresa contratista se ha comprometido a cumplir con los plazos, aunque la situación actual se considera complicada debido a la herencia de la administración anterior, que retiró las aulas prefabricadas del centro en julio, a pesar de las solicitudes del AMPA y la dirección del colegio para que no lo hiciera.
La apertura del colegio para el inicio del curso ya se considera prácticamente descartada, y el objetivo ahora es minimizar la pérdida de días de clases para los más de 300 alumnos afectados. Se espera que el equipo directivo pueda trasladarse al centro una vez que esté disponible para comenzar la actividad educativa.
La reunión de la consejera con las familias se llevó a cabo después de que estas expresaran su frustración y preocupación por la situación, alegando que se les había prometido que las obras se completarían antes del 1 de septiembre.