La convivencia forzosa de Juslibol y El Zorongo, bajo el mismo barrio rural de Zaragoza desde 2002, ha destapado una realidad de diferencias palpables entre ambos núcleos, tanto en términos históricos como en necesidades urbanísticas y sociales.

Tras años de una coexistencia marcada por intereses contrapuestos y desafíos compartidos, los vecinos del Zorongo han planteado la posibilidad de segregarse de Juslibol, buscando una gestión autónoma que responda mejor a sus particularidades y necesidades.

La reciente elección de Javier Ortega, candidato independiente como alcalde de Juslibol-El Zorongo, convirtiéndose en el primer representante del barrio procedente de la urbanización y no de Juslibol, ha subrayado el descontento latente que viven los vecinos de una urbanización con 1.000 residentes, por los 600 habitantes que viven en Juslibol.

El detonante de esta tensión fue la crisis del suministro de agua durante un mes, un incidente que subrayó la falta de soluciones efectivas por parte de la junta vecinal y el Ayuntamiento, exacerbando el deseo de cambio.

El proceso de segregación, sin embargo, enfrenta el desafío de la burocracia municipal. A pesar de la urgencia de los vecinos por definir un nuevo rumbo, la alteración de los límites territoriales de Zaragoza requiere un procedimiento riguroso, como lo demuestra la experiencia de Villamayor de Gállego que se segregó de Zaragoza en abril de 2006 debido a un movimiento vecinal que inició el proceso de segregación en 1991. Eso sí, tras los intentos infructuosos de segregación de 1920 y 1964 pero que tras años de litigios logró recuperar su estatus independiente.

La propuesta de El Zorongo de convertirse en un concejo local, buscando una gestión autónoma y una mayor participación en las decisiones que les afectan directamente, resurge como una alternativa deseable y que ya se planteó en el año 2008, aunque el PSOE abandonó la idea con el exalcalde Juan Alberto Belloch.

La decisión final recae en el Ayuntamiento de Zaragoza, que deberá ponderar la voluntad de sus ciudadanos con la viabilidad jurídica de una segregación que podría sentar un precedente importante. Entre tanto, no parece que la solución sea cuestión de días… sino de años.