La Comisión de Investigación abierta en la ciudad de Zaragoza para analizar el por qué de la prórroga del contrato de Avanza por la gestión del autobús urbano municipal, da paso a varios días de críticas y señalamientos. Por las dudas que suscita esta prórroga por parte de la oposición, PSOE, VOX y ZEC; así como por la defensa de la decisión por parte del Gobierno de Zaragoza que lidera Natalia Chueca (PP).

Fue hace cuatro meses cuando, el 28 de julio, la Consejera Municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, anunció la aprobación por parte del Gobierno de la prórroga del contrato del autobús urbano con la empresa adjudicataria, Avanza. Este contrato -afirmó el gobierno- suponía extenderlo cuatro años más, hasta el 31 de julio de 2027. Según el Reglamento 1370/2007, la prolongación del contrato podría ser de hasta cinco años, pero el gobierno municipal decidió que fuera por cuatro años.

¿Y por qué se tomó esta decisión y no se planteó volver a sacar a concurso público la licitación de un contrato que ya cumplió su periodo ordinario? La motivación detrás de esta decisión, según la consejera Tatiana Gaudes, residía en las inversiones prometidas y planteadas por la multinacional Avanza para la modernización y electrificación de las flotas de autobuses. En concreto, la prórroga de 4 años se justifica por la compra de 100 autobuses eléctricos y la inversión en electrificación. El consistorio no quería ‘romper’ el ritmo llevado por Avanza para esta modernización de la flota de autobús con la apertura de un procedimiento de licitación nuevo que retrasara los plazos y generara dudas en el sector.

La Consejería de Movilidad participó en los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, logrando esta financiación citada para llevar a cabo una ambiciosa modernización de la flota de autobuses urbanos.

El contrato actual, adjudicado el 23 de mayo de 2013 y formalmente en vigor desde el 31 de julio de 2013, tiene un plazo original de 10 años, según lo estipulado en el Pliego de Cláusulas Administrativas. Se establece la posibilidad de una prórroga de hasta 5 años, conforme al Reglamento Comunitario 1370/2007, en caso de circunstancias específicas.

La decisión del Gobierno de prorrogar el contrato por 4 años en lugar de los 5 permitidos está respaldada por la voluntad de cumplir con las disposiciones contractuales y de ajustarse a las circunstancias previstas en la normativa europea, según indican fuentes municipales consultadas. El objetivo de esta prórroga es aprovechar fondos europeos destinados a la electrificación y adquisición de nuevos vehículos.

Fuentes municipales enfatizan que esta prórroga se ejecuta dentro de los límites legales establecidos y que, de acuerdo con la información proporcionada, el 31 de julio de 2027 debería iniciar la operación de la nueva contrata, gestionada por la entidad que obtenga la adjudicación correspondiente.

EL PRECEDENTE DE LA PRÓRROGA DE 1993

La relación entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa AVANZA -antes TUZSA- ha sido un proceso complejo y lleno de episodios a lo largo de las décadas. La primera formalización se dio en 1982 a través de un convenio de 15 años, que más tarde, en 1993, fue objeto de controversia al prorrogarse por otro período de 15 años, violando las condiciones originales, como se acreditó juridicamente.

Este último convenio estableció que AVANZA- antes TUZSA- operaría el servicio hasta diciembre de 2012, aunque inicialmente solo se permitía la prórroga hasta 1999 según las disposiciones originales.

En 2009, el Reglamento comunitario introdujo la obligación de externalizar servicios públicos a través de licitaciones públicas y transparentes. No fue hasta 2013 que, bajo la concejalía de Servicios Públicos ocupada por la socialista Carmen Dueso, se adjudicó por contrato el servicio de autobús urbano, un año después de lo previsto. Hasta entonces el contrato y la prórroga emitida por el PSOE estuvo en una clara alegalidad y con vicios de irregularidades.

El concurso de 2013 generó controversia, ya que una Cooperativa de Trabajadores que buscaba gestionar el contrato fue rechazada, desencadenando un prolongado proceso judicial. La intención era ajustar el diseño y el número de kilómetros del nuevo contrato a la realidad tras la implantación del tranvía, lo que implicaba menos trabajadores.

La huelga y el conflicto laboral que surgieron durante la implementación del nuevo contrato, gestionado por AVANZA, fueron un reflejo de las tensiones en ese momento. El acuerdo resultante en septiembre de 2013 implicó la reincorporación de 125 trabajadores despedidos antes del 31 de diciembre de 2015 y la incorporación de 500.000 kilómetros adicionales anuales al servicio desde enero de 2014.

El análisis retrospectivo revela un aumento significativo en el costo del servicio para el Ayuntamiento, aproximadamente 4.000.000 de euros adicionales anuales, durante 10 años.

Esto se debió a un acuerdo sindical y político que, según se destacó por aquel entonces, condujo a una red sobredimensionada en términos de recursos y personal, en detrimento de consideraciones técnicas y de eficiencia en el transporte público.

CRÍTICAS A LA PRÓRROGA ACTUAL DE CHUECA

El PSOE ha lanzado fuertes críticas hacia la decisión del Gobierno del PP, de aprobar esta prórroga de cuatros años. La portavoz del PSOE, Lola Ranera, denunció que consideraba una «nefasta gestión» por parte de Chueca, acusándola de «estafar a la ciudad» al prorrogar el contrato en lugar de trabajar en nuevos pliegos, como se había anunciado previamente.

En ese momento, Ranera anunció que el PSOE estudiaría jurídicamente la prórroga, expresando la preocupación de que favorezca a una empresa en particular, colocándola en una posición de preferencia en detrimento del servicio público.

VOX por su parte, también ha criticado la prórroga del contrato ya que según la opinión expresada, esta última decisión ha sido particularmente política debido a que, desde su perspectiva, «no está lo suficientemente justificada» y ha sido «una de las decisiones más controvertidas». Ambos partidos, junto con ZEC, propulsaron la comisión de investigación que ya se ha constituido.

El PSOE presentó una moción que fue aprobada en el pleno del ayuntamiento con el respaldo de todos los grupos, excepto el PP que se manifestó en contra, para crear una comisión especial de investigación para esclarecer las acciones del Gobierno municipal en relación con la prórroga y modificación del contrato de gestión del servicio público de autobús urbano.

El objetivo principal de esta comisión ha sido recopilar información relevante sobre el coste, funcionamiento y diferentes fórmulas de explotación y prestación de este servicio público.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha respondido a las críticas respecto a la prórroga del contrato asegurando que han «proporcionado toda la información solicitada por los grupos municipales», además de admitir que dicha comisión «es una pérdida de tiempo, en el sentido de que es una prórroga perfectamente legal«.

Chueca explicó en su momento que todos los contratos del Ayuntamiento de Zaragoza contemplan la posibilidad de prórroga, en este caso, de hasta cinco años, aunque se ha decidido revisarla a cuatro años. Destacó que esta revisión es una práctica común y que la prórroga en cuestión es legal.

Además, subrayó que sería la primera vez que se investiga con una comisión de investigación un contrato que ha sido objeto de prórroga legal en el ayuntamiento.

SIETE COMPARECIENTES

Durante la sesión de esta comisión de investigación se llevarán a cabo siete comparecencias, cinco de las cuales serán altos cargos del Ayuntamiento de Zaragoza, y las otras dos personas externas. Inicialmente el PSOE había solicitado la intervención de 18 comparecientes.

Las comparecencias incluirán a la actual alcaldesa Natalia Chueca, la responsable de la Asesoría Jurídica Municipal, María Altolaguirre, el coordinador de la anterior área de Servicios Públicos y Movilidad, Luis García Mercadal, la actual portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera y la entonces consejera municipal, Carmen Dueso.

Además, se convocará al actual director gerente de Avanza-Zaragoza, Guillermo Ríos, y a un representante de la empresa TRM Taryet, que realizó un estudio previo a la prórroga.