El Ayuntamiento de Zaragoza va a aprobar este martes una vía interna de denuncias para analizar posibles delitos o casos de infracciones normativas relacionadas con la contratación, la prevención del blanqueo de capitales, la protección del medio ambiente, la salud pública, la protección de la privacidad y los datos personales.
El Gobierno de Zaragoza ha recibido con interés la propuesta, aprobada a través de una moción plenaria del Grupo Municipal de Vox sobre la apertura de un canal telemático de denuncias y, consciente de la necesidad de asumir a la vez la normativa europea que obliga a ponerlo en marcha, aprueba este martes su creación.
“Este canal tiene objetivos claros como la compatibilidad y no la duplicidad puesto que va a ser un equipo interno operativo, independiente y unipersonal para dar respuesta en el plazo de tres meses y que no existan brechas de seguridad”, ha confirmado el concejal de Transformación Digital y Transparencia, Miguel Ángel García Muro.
En este sentido, esta nueva vía de protección pretende vigilar acciones “indebidas” en el Ayuntamiento de Zaragoza, de tal forma que puede involucrar o ser informado por autónomos, personas que pertenezcan a órganos de gestión e incluso estudiantes en formación.
Para hacer llegar al equipo humano que trate estos posibles casos, los usuarios podrán disponer de una dirección de correo electrónico, un teléfono, correo postal, un buzón en la web municipal, además de medios como la videoconferencia e incluso a la presencial.
Aunque este nuevo sistema, que esta mañana han presentado el concejal de Transformación Digital y Transparencia, Miguel Ángel García Muro y el concejal de Vox Armando Martínez, pretenda vigilar acciones indebidas en el Ayuntamiento de Zaragoza, puede involucrar o ser informado por autónomos, personas que pertenezcan a órganos de gestión e incluso estudiantes en formación.
En todo caso, los informantes tienen el derecho de mantener el anonimato y de que no puedan requerirles más información. El Ayuntamiento de Zaragoza, una vez recibida la comunicación, está obligado a enviar un acuse de recibo en siete días como máximo y, en otros diez días como máximo, deberá determinarse si se admite o no la queja.
La instrucción recoge, de manera general, que los responsables del canal interno podrán tomar las medidas necesarias para comprobar la veracidad de los hechos denunciados. Una vez estudiados los hechos, se archivarán, se pondrán en conocimiento de la autoridad competente o el Ministerio Fiscal o, incluso, se abrirá un procedimiento sancionador.
Cabe destacar que el informante recibirá actualizaciones sobre su caso desde que se registre y tendrá que resolverse la situación en un plazo máximo que marca la ley de tres meses desde su conocimiento por parte de la administración.
Con la aprobación de mañana, este sistema se activará con celeridad, una vez que el Gobierno de Zaragoza ha explorado otros canales de diferentes ayuntamientos españoles y ha perfilado una fórmula propia. Además, dicha herramienta de transparencia y buen gobierno llega con el beneplácito de la representación sindical municipal.