La economía sumergida, un fenómeno que engloba todas aquellas actividades económicas no declaradas a la autoridad fiscal y que no son registradas por la Agencia Tributaria, sigue siendo motivo de preocupación. Esta práctica tiene importantes consecuencias, ya que el dinero que se mueve en este ámbito no se tiene en cuenta en el cálculo del Producto Interior Bruto (PIB), lo que afecta a la economía en su conjunto.
Desde el punto de vista de Hacienda, la economía sumergida se considera una actividad desleal, ya que en ella se encuentran numerosos casos de evasión fiscal. Es importante destacar que tanto empleados como empresarios se sienten atraídos por esta práctica. Los empleados pueden llevar a cabo varias actividades profesionales al mismo tiempo o incluso recibir subsidios por desempleo mientras obtienen ingresos «en negro». Por otro lado, los empresarios que participan en la economía sumergida no pagan impuestos y logran obtener una mayor rentabilidad en sus negocios.
Existen diversos factores que incitan a algunos ciudadanos a sumarse a la economía sumergida. Uno de ellos es la percepción de una elevada presión fiscal, es decir, la sensación de que se pagan impuestos excesivos. Además, las altas tasas de desempleo en España también influyen en esta tendencia, ya que algunas personas ven en la economía sumergida una oportunidad para generar ingresos en un contexto económico complicado.
Es fundamental abordar este problema desde diferentes frentes. Por un lado, es necesario promover una mayor conciencia y educación fiscal, enfatizando la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias. Por otro lado, es crucial implementar políticas que fomenten la generación de empleo y reduzcan la carga impositiva para evitar incentivos hacia la economía sumergida.
Según datos de la Fundación Cajas de Ahorro (FUNCAS), la economía sumergida representaba aproximadamente el 12,5% del PIB español entre 1980 y 1985, cifra que aumentó al 23,7% en 2011. Incluso, una estimación de Hacienda indicó que reducir la economía sumergida en un 10% habría significado agregar a las arcas públicas unos 28.000 millones de euros adicionales anualmente. Más recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que esta cifra se sitúa en torno al 20% del PIB. En comparación, la media en la Unión Europea es del 13%.
Al investigar este fenómeno, se han identificado disparidades significativas entre las distintas Comunidades Autónomas. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha observado que la economía sumergida representa el 30% del PIB en Extremadura y el 16% en la Comunidad de Madrid, por ejemplo.
En relación con las prácticas que levantan sospechas por parte de Hacienda, guardar grandes sumas de dinero en efectivo en casa, especialmente billetes de 500 euros, puede resultar llamativo. Asimismo, retirar cantidades superiores a 3.000 euros del banco puede ser objeto de atención por parte de las autoridades.
Aunque no existe una cantidad específica a partir de la cual se deba informar a Hacienda, la Ley General Tributaria establece que las entidades financieras deben comunicar movimientos financieros «sospechosos». En tales casos, Hacienda puede solicitar explicaciones al titular de la cuenta o al propio banco sobre el origen o destino de los fondos.
En cuanto a los pagos en efectivo, la Agencia Tributaria cuenta con regulaciones específicas. Por ejemplo, si un ciudadano lleva consigo al menos 10.000 euros o su equivalente en moneda extranjera al salir de España, está obligado a declarar dicha cantidad a Hacienda. Si no se abandona el país, el límite permitido para justificar el efectivo es de hasta 100.000 euros o su equivalente. En estos casos, es necesario completar un formulario modelo S1.
Para los trabajadores autónomos, el dinero en efectivo suele ser la principal forma de ingreso, especialmente en negocios de pequeña escala y aquellos que requieren pagos inmediatos, como en la hostelería, restauración, comercio, construcción, inmobiliarias, reformas y recolección de frutas. Estos sectores se consideran de alto riesgo en términos de economía sumergida, según el Plan Anual de Control Tributario.