Salou, el corazón de la Costa Daurada y referente del turismo de sol y playa, se encuentra en una encrucijada debido a la nueva regulación impulsada por la Generalitat. Con más de 6.600 viviendas de uso turístico registradas, la mayoría en manos de propietarios provenientes de Aragón, Lleida, Tarragona, Barcelona y otras regiones como Navarra, el municipio se perfila como uno de los más afectados por los cambios normativos.
El alquiler de viviendas a turistas ha demostrado ser una fórmula rentable para costear el mantenimiento de las propiedades o financiar las vacaciones de los dueños. Empresas especializadas, en su mayoría de tamaño pequeño o mediano, han contribuido al crecimiento de este negocio durante las últimas dos décadas, gestionando hasta 300 viviendas turísticas.
Sin embargo, la nueva regulación ha generado una alianza entre propietarios, compañías de alquiler, la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de la Província de Tarragona y el Ayuntamiento de Salou, liderado por Sumem per Salou-PSC y con ERC como socio de gobierno. Juntos, se oponen a la pérdida masiva de licencias que podría resultar en el cierre del 70% de los pisos turísticos en Salou, afectando a unas 4.000 viviendas.
Salou, con sus 29.000 habitantes empadronados, enfrenta una situación única en la que las viviendas turísticas superan significativamente a la población local. El cambio en las reglas del juego, si no se revierte, impactará en la vida de miles de propietarios, quienes alquilan sus viviendas a turistas durante todo el año, a excepción de sus semanas de vacaciones.
A pesar de que Salou se erige como la segunda localidad más visitada del litoral peninsular después de Benidorm, el municipio catalán supera a la ciudad alicantina en términos de viviendas de uso turístico registradas. La patronal hotelera de Benidorm ha expresado su preocupación por la proliferación de estas viviendas, a diferencia de Salou, donde coexisten de manera natural con los hoteles, atrayendo a públicos distintos.
El Ayuntamiento de Salou defiende con firmeza las viviendas de uso turístico, destacando su importancia para la economía local y su contribución al atractivo turístico de la región. Además, promueve una alianza turística con otras localidades costeras catalanas, como Lloret de Mar, para fortalecer la posición de la Costa Daurada en el sector.
A nivel regional, la nueva normativa podría implicar la supresión de al menos 28.000 alquileres turísticos en Cataluña. Los empresarios del sector en Salou, si bien están a favor de la regulación, temen las consecuencias de una revocación masiva de licencias, argumentando que simplemente dejarán los apartamentos vacíos en lugar de solucionar el problema de la vivienda principal en la Costa Daurada.
La situación, por tanto, se mantiene tensa mientras Salou espera la decisión final del Parlament y el resultado del juego de presiones políticas que se avecina.