El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, atiende a HOY ARAGÓN en un momento crucial de la situación jurídica y judicial en España con el asunto de la amnistía pactada entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

En esta entrevista realizada el día 9 de noviembre, Manuel Bellido, habla sin tapujos sobre este y otros temas propios de la labor judicial.

PREGUNTA. ¿Goza de buena salud la Justicia en Aragón?

RESPUESTA. Sí, de hecho tenemos unos buenos datos con respecto a otras comunidades autónomas. Resolvemos con mayor rapidez, estamos a la cabeza con las nuevas tecnologías al servicio de la justicia, tenemos infraestructura y ahora estamos pendientes del inicio de las obras de reforma del edificio que alberga el Tribunal Superior de Justicia en Aragón.

Entonces, ¿no se acumula el trabajo en los juzgados?

Es cierto que hay un problema, sobre todo en Zaragoza. Se aprecia una gran litigiosidad que hace que los órganos judiciales se retrasen y no se de respuesta al ciudadano como debería.

¿Y las huelgas de funcionarios?

Las huelgas han afectado a los órganos judiciales, pero aquí tuvieron menor seguimiento que en otras comunidades. Se hizo frente a sus posibles consecuencias de manera rápida y efectiva. Esperemos que estas situaciones se negocien de una mejor manera por parte de los interlocutores y no con enfrentamientos que lo único que hacen es perjudicar al ciudadano. 

La actual situación política y judicial está marcada por la amnistía a los condenados por delitos relacionados con el procés catalán, como la sedición y la malversación. ¿Cree que este tipo de concesiones dañan la imagen de la justicia?

Estas situaciones afectan a la confianza en la justicia y tensionan a la sociedad. A diferencia del indulto, donde se perdona la pena pero el delito se mantiene, la amnistía es un perdón del delito. Esto transmite la idea de que esas personas no deberían haber sido condenadas.

La amnistía es algo propio de cambios de régimen, como en 1977 en España. Ahora estamos en un Estado de Derecho, donde los que juzgan son tribunales legítimos. Cuando se dice que hay que amnistiar porque hay que desjudicializar el conflicto catalán, ahí lo que parece transmitirse es la idea de que los tribunales no han hecho bien su trabajo.

¿Qué cree que nos deparará el futuro sobre la amnistía?

No soy quien para decir eso, no lo sé. Pero si que recuerdo que hemos vivido otros momentos complicados en este país y los hemos resuelto. Estamos en uno de esos momentos de incertidumbre, eso es cierto.

Lo que sí me gustaría es que nuestro país gane en calidad democrática, respeto institucional, trasparencia, solidaridad. Tenemos que trabajar todos juntos. Lo que hay que valorar es que tenemos una justicia independiente que trabaja en defensa de los derechos de los ciudadanos y tenemos que garantizar que esto siga así.

¿Usted durante su carrera ha percibido alguna injerencia política en su trabajo?

Yo nunca recibí injerencias políticas directas, pero hay otras más difusas en las que se presiona al poder judicial, por ejemplo descalificaciones por parte de representantes políticos. Otros de los supuestos, por ejemplo, está la ley del ‘solo sí es sí’. Se intenta responsabilizar a los jueces de esta ley cuando no es así.  Eso perjudica a la confianza de los ciudadanos.

Y el ciudadano, ¿confía en la justicia?

En 2021 se publicó una encuesta que decía que los ciudadanos confiaban en la Justicia española. Pero cuidado porque estas injerencias o determinadas actuaciones como la falta de acuerdo de los partidos políticos en el Congreso y en el Senado para renovar el Consejo General del Poder Judicial dan una imagen mala.

Precisamente de la renovación de cargos en el Consejo General del Poder Judicial queríamos preguntarle…

Los ciudadanos perciben la imposibilidad de acuerdo para renovar el Consejo. Lo que hacen es colocar al Consejo en la disputa de los partidos políticos.

¿Ha tenido siempre buena relación con los presidentes autonómicos con los que ha coincidido?

He estado con tres gobiernos distintos en Aragón y ha sido siempre una relación fluida, con alguna cuestión anecdótica sin importancia pero fluida. Lo cierto es que no tengo ninguna queja al respecto.

Otro de los asuntos que genera controversia en el plano judicial son los juicios con jurado popular, ¿lo considera útil y necesario?

Siempre ha sido un motivo de discusión y tardó en implementarse, pese a estar reflejado en la Constitución. Creo que permiten que los ciudadanos participen en la administración de Justicia en delitos que pueden comprender. 

Es una manera de que el ciudadano valore el funcionamiento de la justicia y las dificultades que tiene. La justicia confía en el ciudadano y, además se evitan riesgos ya que estas personas legas en derecho están supervisadas por el juez o el fiscal y los abogados de cada caso.