Hace ya 190 años, Javier de Burgos, un político absolutista con tendencias reformistas, llevó a cabo la división territorial de España, estableciendo la organización que hoy conocemos con 50 provincias y 17 comunidades autónomas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Esta iniciativa, realizada en 1833, respondía a la necesidad de modernizar la estructura administrativa del país.
En ese momento, España se encontraba inmersa en conflictos como la primera guerra carlista, y la regente María Cristina de Borbón gobernaba en nombre de su hija Isabel II, que tenía solo tres años. Javier de Burgos, parte del gobierno absolutista de Francisco Cea Bermúdez, recibió la tarea de acometer una reforma de gran envergadura: la división de España en provincias y regiones.
El diseño territorial de De Burgos seguía un modelo previo de 1822, pero realizaba tres cambios significativos, eliminando las provincias de Calatayud, Vierzo y Játiva. Además, ajustó el estatus de seis provincias que no pertenecían a ninguna región, considerándolas regiones en sí mismas. Estas provincias eran Canarias, Palma de Mallorca, Navarra, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
El modelo político buscaba una inspiración en el sistema francés, centralizado pero dividido en áreas geográficas racionales. La elección de territorios debía basarse en criterios históricos, de extensión, población y coherencia geográfica. Cada provincia tendría un representante designado por el Gobierno llamado «jefe político».
A lo largo de los años, ha habido modificaciones en denominaciones y cambios en la agrupación de algunas provincias en comunidades autónomas. No obstante, en su mayoría, el mapa político español sigue reflejando la estructura diseñada hace casi dos siglos.
La historia de la organización territorial de España es un testimonio de su evolución política y social a lo largo del tiempo, destacando la continuidad y adaptabilidad de su estructura administrativa.