El presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, ha reclamado hoy “un verdadero compromiso democrático de cooperación leal entre los diferentes actores políticos” que sitúe como objetivo de su actuación el buen funcionamiento y la independencia del Poder Judicial y ha pedido que se abstengan “de todo comportamiento que de alguna manera pueda erosionar la consecución del mencionado objetivo” porque, de otro modo, “la democracia, y en consecuencia el Estado de Derecho, corren un serio riesgo”.
“El buen funcionamiento de la Justicia debe ser un asunto de Estado” ha dicho Marín durante su intervención en el acto de apertura del Año Judicial que el rey ha presidido este jueves en el Tribunal Supremo, para añadir que “cuando ese buen funcionamiento está en entredicho todos los actores políticos deben ser conscientes de que las altas responsabilidades que el pueblo soberano les ha confiado están por encima de los intereses partidarios”.
El presidente del Supremo ha subrayado que en el último año los graves problemas que afectan al funcionamiento del Poder Judicial no han hecho más que empeorar como consecuencia de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y de que no se hayan provisto las plazas vacantes del alto tribunal y de muchos otros órganos jurisdiccionales.
Así, tras preguntarse si es compatible con la normalidad democrática la existencia de un CGPJ cuyo mandato lleva agotado casi cinco años y la de un Tribunal Supremo cuyos efectivos se hallan mermados en más de un 30 por ciento y algunas de cuyas salas se hallan al borde del colapso, Marín ha descrito como “desolador” el estado del alto tribunal, donde el número de vacantes ha alcanzado hoy las 23.
“La primera víctima de esta situación es sin duda el justiciable: ciudadanos y ciudadanas, empresas e instituciones públicas y privadas que están viendo cómo la tutela de sus derechos consagrados en la Constitución se ve mermada de forma inadmisible. Un justiciable que contempla con perplejidad cómo los actores políticos, los representantes políticos elegidos en las urnas, se muestran incapaces de alcanzar los acuerdos necesarios para poner fin a esta situación”, ha dicho el presidente del TS.
LA PENDIENTE INDEPENDENCIA JUDICIAL
Francisco Marín ha recordado que la independencia judicial es un principio fundamental de nuestro sistema democrático y que los ataques a la misma pueden tener diversos orígenes y mostrar múltiples variantes: en ocasiones son comportamientos activos, de intromisión directa o indirecta en la toma de decisiones judiciales para influir en ellas, procedentes incluso de los propios dirigentes políticos; y otras veces omisivos, “mucho más sutiles y por ello más peligrosos para el funcionamiento del sistema democrático, porque sus efectos perniciosos se despliegan no respecto de una decisión judicial concreta, sino respecto del propio funcionamiento del Poder Judicial, con el efecto, preconcebido o no, de provocar su desprestigio, debilitarlo y, si llega el caso, desviar la atención pública de otras cuestiones”.
“Así, si el Consejo General del Poder Judicial tiene como misión fundamental velar por la independencia de los jueces, no proceder a su renovación en tiempo y forma no deja de ser una manera de cercenar la plenitud de esa independencia, del mismo modo que lo es mantener al más alto tribunal de la nación en una situación crítica, casi de respiración asistida”, ha señalado.
En este sentido, el presidente del Tribunal Supremo ha indicado que cuando las dilaciones que sufren los procedimientos “son debidas a la ausencia de los acuerdos políticos necesarios para asegurar la renovación de los órganos de gobierno que tienen, entre otras, la función de efectuar los nombramientos de altos cargos judiciales, son los mismos cimientos del sistema constitucional los que se ven afectados”.
“De alguna manera, lo que está fallando es el impulso democrático”, ha dicho Marín, que ha afirmado que fue esa falta de impulso o de voluntad de los actores políticos la que condujo -en lo que ha llamado “uno de los episodios más tristes de nuestra historia constitucional”- a la renuncia del presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, cuya dimisión “fue, por tanto, consecuencia de un movimiento sísmico institucional de efectos devastadores para nuestro sistema de justicia” que, más allá de la esfera española, se han trasladado también al ámbito europeo.
“El enfrentamiento abierto y reiterado entre las diferentes fuerzas políticas en lo tocante al Poder Judicial acaba generando una perniciosa percepción de las instituciones y del quehacer jurisdiccional en la ciudadanía. Una percepción que, aun cuando no se ajuste a la realidad, es ya de por sí enormemente dañina”, ha concluido el presidente del Supremo, que, sin negar la legitimidad de la lucha política, ha llamado la atención sobre la necesidad de acompañar el debate ideológico “con esfuerzos serios y leales de consenso en asuntos nucleares para el Estado, como lo es la Justicia”.