El acuerdo entre el PSOE y Junts ha generado una fuerte reacción en la Guardia Civil, especialmente por parte de la Asociación pro Guardia Civil (Aprogc), una de las asociaciones más representativas. En un comunicado contundente, la asociación ha expresado su desacuerdo con el pacto, señalando que quienes tienen la responsabilidad de ejercer el monopolio de la fuerza creen que solo la Administración de Justicia tiene la legitimidad constitucional y la capacidad material para asegurar que los principios fundamentales de la legislación no sean ignorados.

El comunicado destaca la disposición de los guardias civiles a defender el orden constitucional incluso hasta «la última gota de su sangre». Además, muestra esperanza en el compromiso y la tenacidad del Poder Judicial para preservar su independencia y garantizar el Estado de Derecho.

La asociación se compromete firmemente a apoyar estos esfuerzos en aras de la igualdad ante la ley y su aplicación, especialmente frente a aquellos que sistemáticamente demuestran una vocación de situarse por encima de la ley.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente la policía judicial, expresan una profunda preocupación ante el pacto anunciado. En un tono crítico, se cuestiona la validez de décadas de sacrificio cumpliendo la misión constitucional, considerando que el pacto parece intentar vaciar de contenido esta misión.

Se plantea la contradicción entre el esfuerzo y la sangre derramada por los guardias civiles, policías, jueces y fiscales en las últimas cuatro décadas y la aparente traición de los líderes políticos.

El comunicado señala la dificultad de creer en la capacidad de hacer cumplir la ley ante un mensaje de impunidad y fomento de la desatención de las normas. Se recuerda el artículo 104 de la Constitución, que encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana.

Además, se destaca el juramento ante la Bandera como militares, estando dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y su ordenamiento constitucional.