La justicia ha emitido una declaración de rebeldía contra Alejandro Sanz debido a su falta de cumplimiento en el pago de deudas millonarias relacionadas con sus propiedades en Miami.
Hace varios meses se hizo público que el cantante había sido condenado a abonar tres millones de euros y que se estaba preparando para llevar a cabo el embargo de sus activos.
A pesar de esta sentencia, Sanz no ha efectuado el pago requerido, lo que ha llevado al Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid a iniciar un complicado proceso para notificarle su obligación de efectuar el pago, previo a la confiscación de su patrimonio.
Después de ser incapaz de notificar la resolución judicial en persona (la Justicia ha intentado hacerlo sin éxito en la finca que Sanz tiene en venta y en sus otras propiedades registradas), la jueza a cargo del caso ha optado por «declarar en situación de rebeldía» a una de las sociedades que forma parte de su imperio financiero, Alkazul S.L.
La jueza enfatiza que esta sociedad no ha comparecido en el proceso judicial deliberadamente, evitando reconocer su responsabilidad. Esto ha llevado a la jueza a tomar medidas drásticas, señalando que el artista está haciendo todo lo posible para eludir la resolución judicial y prolongar el proceso que le persigue desde hace varios años.
Este episodio, que agudiza significativamente la situación legal del cantante, ocurre después de que la jueza María del Rocío Montes, con la aprobación de la Fiscalía, ordenara la ejecución de una sentencia emitida contra Sanz por la Corte de Miami hace dos años. Esta sentencia lo condenó a pagar los mencionados tres millones de euros, por los cuales ahora debe responder utilizando su patrimonio personal.
El artista adquirió dos inmuebles de lujo por un valor aproximado de siete millones de dólares. El más destacado de los dos es una casa construida en 1933, que abarca unos 3.000 metros cuadrados y cuenta con seis dormitorios, cinco baños, un estudio de grabación, una piscina y su propio muelle privado en la zona de Sunset Lake. Por esta propiedad, Alejandro Sanz desembolsó 4,7 millones de dólares.
Para financiar esta adquisición, la entidad financiera Total Bank de Florida otorgó varios préstamos, los cuales fueron concedidos tanto a su sociedad española, Gazul Producciones, S.L.U., que no ha respondido a la sentencia dentro del plazo establecido, como a Music on Wheels, LLC, esta última con sede en los Estados Unidos y que forma parte de la estructura empresarial del cantante.
Como garantía para estos préstamos, Sanz empleó otra de sus sociedades establecidas en América, Alja Productions, LLC, así como una finca en Miami.
El problema surgió cuando el músico dejó de cumplir con los pagos de los préstamos que le habían sido otorgados, y que la entidad financiera posteriormente transfirió al fondo de inversión estadounidense SHEDDF2. Luego de varios intentos por parte de Sanz para llegar a una solución, en noviembre de 2019, este fondo optó por iniciar un proceso de ejecución hipotecaria con el fin de adquirir las propiedades y ponerlas a la venta.
En este proceso legal que tuvo lugar en Miami, al igual que en la situación actual en España, las sociedades del cantante no respondieron a la demanda y ni siquiera reconocieron su existencia. De hecho, en ese momento, estas sociedades ya fueron declaradas en rebeldía por la Corte del condado de Miami-Dade, lo que detuvo el último intento de Sanz por evitar sus responsabilidades legales.