El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha celebrado el anuncio del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de dar ayudas a la contratación en las tres regiones más despobladas –Soria, Teruel y Cuenca–, aunque le ha apremiado a materializar cuanto antes este compromiso a través de un decreto o una orden ministerial en el Consejo de Ministros.
De hecho, Guitarte ha calificado estas ayudas como una ‘condición sine qua non’ para poder apoyar los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, así que espera que se efectúe antes de la votación de estas cuentas públicas en el Congreso.
En una rueda de prensa desde la Cámara baja para reaccionar a estas ayudas, el diputado de Teruel Existe ha reconocido que oficialmente no existe ningún calculo realizado, pero aplicando los datos con los que se han estado trabajando podrían ser 380 millones, aunque reconoce que es una estimación basada «en datos probablemente desfasados a día de hoy».
EL ANUNCIO DE SÁNCHEZ
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves en el Congreso ayudas a la contratación en las provincias de Soria, Teruel y Cuenca por ser las tres más despobladas de España y reconocidas como tales por la Unión Europea.
En su discurso en el debate sobre la crisis energética, ha indicado en concreto que estas provincias tendrán una reducción de las cotizaciones empresariales en los contratos indefinidos ya existentes y en los nuevos contratos indefinidos que se firmen.
El presidente ha afirmado: «Vamos a fortalecer el tejido productivo creando nuevas oportunidades en estos pequeños municipios porque la despoblación no es un fenómeno irreversible y no es un problema sin solución, se trata de garantizar empleos dignos, servicios públicos de calidad en todo el territorio y esa es la apuesta y el compromiso del Gobierno de España».
Sánchez ha recordado que estas tres provincias fueron incluidas por la Comisión Europea en el nuevo Mapa de Ayudas de Finalidad Regional. Desde la Delegación del Gobierno de España en Aragón han detallado que la propuesta de la que se parte es una reducción del 5% en la cotización por contingencias comunes de la empresa en todos los contratos indefinidos existentes en el ámbito provincial y del 15% en los nuevos contratos indefinidos registrados.
Esa reducción será del 20% en el caso de que las empresas estén situadas en municipios de hasta mil habitantes y cuya sede social y fiscal se residencien en dichas provincias.