Manuel Giménez Larraz, uno de los hijos de Manuel Giménez Abad, quien fuera presidente del PP de Aragón y que fue asesinado por ETA en 2001, ha señalado este martes a las puertas de la Audiencia Nacional, donde se celebra el juicio contra los exmiembros de ETA Mikel Carrera Sarobe alias ‘Ata’ y Miren Itxaso Zaldúa, que afronta la jornada con la expectativa de que «por fin se identifique a los asesinos» de su padre.
En declaraciones a los medios, ha explicado que afronta el día también con «el innegable dolor de recordar» la muerte de su padre y ha apuntado que la familia confía en la justicia.
«Quienes creeemos profundamente en la democracia hemos renunciado a la venganza como forma de reparación, hemos tratado de desterrar el odio y a cambio lo que solicitamos es el amparo del Estado de Derecho. El mejor amparo es que se haga justicia», ha apostillado.
El juicio arrancó este lunes con las declaraciones del que fuera último jefe militar de ETA, Mikel Carrera Sarobe alias ‘Ata’ y la exintegrante de la banda Miren Itxaso Zaldúa, quienes negaron ante el tribunal de la Audiencia Nacional haber participado en el asesinato de Giménez Abad.
En el escrito de acusación de la Fiscalía se solicitan penas de 30 años de prisión para los acusados por sendos delitos de asesinato terrorista, así como inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena y la prohibición de aproximarse a Zaragoza durante cinco años.
El Ministerio Público sostiene que tanto Ata como Zaldúa, como integrantes del comando Basajaun, “decidieron dar muerte a Giménez Abad y, para ejecutar su plan criminal, que los dos habían diseñado y ejecutaron concertadamente, se desplazaron hasta la ciudad de Zaragoza”.
Allí, sobre “las 18.30 horas del día 6 de mayo de 2001, Giménez Abad se dirigía al estadio de la Romareda a ver un partido de fútbol acompañado de uno de sus hijos, por entonces menor de edad”.
En su escrito de acusación, la familia de Giménez Abad, que ejerce la acusación particular, pide imponer a Carrera Sarobe y a Itxaso penas de 30 años de prisión y la prohibición de aproximación a la ciudad de Zaragoza a menos de 1 kilómetro durante 5 años. Además, solicitan que tengan que indemnizar conjunta y solidariamente a la viuda y a cada uno de los cuatro hijos del dirigente en la cantidad de 250.000 euros a cada uno de ellos.