Joaquín Juste, presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), y Yolanda Sevilla, diputada delegada de Economía y Hacienda, presentaron este martes un balance sobre sus primeros cien días de gestión, donde resaltó el trabajo emprendido para solucionar los retos económicos heredados del anterior gobierno.
El foco principal de este balance ha sido la alarmante situación financiera de la DPT. Cuando Juste dejó la institución en 2019 como vicepresidente, existía un remanente de 13.370.114,96 euros.
Sin embargo, los remanentes actuales de la DPT, al iniciar 2023, se encuentran completamente agotados.
Agravando la situación, la DPT solicitó un crédito extraordinario de 7,5 millones de euros en febrero, el primero desde 2010.
Esto llevó al ratio de endeudamiento de la Diputación a un preocupante 30,66%, equivalente a una deuda de 19.884.758,99 euros. Juste señaló irregularidades en la solicitud de este crédito, pues no se ajustaba a las normativas vigentes.
El panorama no mejora al observar el presupuesto recibido por el actual gobierno, que evidencia una falta de gestión anterior. Según Juste, múltiples servicios, como la limpieza del museo, han sido proporcionados durante años sin contratos formales.
Este desorden administrativo ha obligado a la DPT a reconocer extrajudicialmente créditos por más de 250.000 euros, abonando facturas pendientes desde 2019 por servicios no cubiertos.
Además de los retos económicos internos, el gobierno de Juste ha estado al borde de perder financiación externa.
Un ejemplo palpable es la subvención de cuatro millones de euros para el Museo Etnográfico, que estuvo a punto de esfumarse pero se aseguró con una diferencia de apenas dos días.
Finalmente, el equipo advirtió sobre la potencial pérdida de los fondos FITE 2020 en áreas cruciales como carreteras y bomberos. «Se han comprometido actuaciones que no se han llevado a cabo, lo que podría llevar a perder estos recursos», apuntaron desde la DPT.
Este balance destaca la urgencia de una gestión transparente y eficaz para recuperar y mantener la estabilidad económica de Teruel, así como asegurar su desarrollo y bienestar.