El Tribunal Supremo, a través de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha validado la multa impuesta por el Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón al Colegio de Abogados de Zaragoza por una cantidad de 21.236,46 euros. Esta sanción fue motivada por considerarse una infracción grave en relación a la Ley de Defensa de la Competencia, vinculada a la elaboración y difusión de un documento titulado «Criterios 2011» sobre honorarios.
El fallo del Supremo viene a estimar el recurso interpuesto por la letrada de la Comunidad Autónoma de Aragón, revocando la decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que había anulado el acuerdo sancionador mencionado.
El alto tribunal aclara que no comparte las justificaciones esgrimidas por el TSJ de Aragón, que argumentó que la elaboración de dicho documento de criterios estaba respaldada por la disposición adicional cuarta de la Ley de Colegios Profesionales, circunscribiendo su utilidad a servir como referencia en la elaboración de informes internos del colegio profesional sobre impugnaciones de tasaciones de costas y procedimientos de jura de cuentas.
No obstante, el Tribunal Supremo argumenta de forma contundente que dichos «Criterios de honorarios 2011» deben ser considerados, desde el prisma de la defensa de la competencia, como una «recomendación colectiva de precios». La precisión y detallada estructura del documento busca estandarizar las tarifas que los abogados cobran a sus clientes por sus servicios, lo que implica una limitación evidente de la libre competencia en el ámbito legal.
El fallo es concluyente al sostener que estos criterios sobre honorarios sobrepasan su mero propósito declarado de asistir en la labor administrativa interna del Colegio. Los criterios, que detallan una amplia variedad de actuaciones y servicios con sus precios tasados, establecen un claro listado de precios que infringe las normas de defensa de la competencia.
Esta sentencia pone de relieve la necesidad de equilibrar las guías y recomendaciones profesionales con el marco legal que garantiza la libre competencia, una base esencial del sistema económico actual.