Un reciente informe presentado por el secretario general de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), José María Martínez, ha puesto en evidencia una creciente preocupación en el ámbito educativo: la gestión de los comedores escolares de España está cayendo progresivamente en manos de un reducido grupo de empresas.
Este oligopolio no solo está redefiniendo el paisaje de la alimentación infantil sino también contribuyendo a una degradación de la calidad nutricional que se ofrece a los más jóvenes.
De acuerdo con Martínez, un alarmante 58% de este servicio esencial está controlado por tan solo cuatro grandes empresas, y los menús, lejos de mejorar, están sufriendo un declive en su composición: hay un aumento de carbohidratos, una reducción en la ingesta de proteínas y una disminución en las porciones servidas.
En lo que respecta al costo, el panorama no es más alentador. Existe una marcada disparidad en los precios de los menús escolares, oscilando entre los 3,6 euros en Ceuta y los 7 euros en Cantabria.
Estas diferencias no parecen responder a las fluctuaciones económicas habituales, como el incremento en los precios de la energía y las materias primas, sino más bien a «precios políticos» que repercuten directamente en las familias.
Carmen Ortiz, coordinadora sectorial de Restauración Colectiva, ha señalado que, a pesar de que el comedor escolar es una pieza clave en la nutrición de más de 2 millones de estudiantes, su uso es desigual, con una mayor prevalencia en las etapas de Infantil y Primaria y una presencia casi nula en Secundaria y Bachillerato.
Además, Ortiz y Martínez han criticado la falta de transparencia e información en la gestión del servicio, un problema que se extiende tanto a las administraciones públicas como a las empresas concesionarias. Con un 64% de los centros educativos subcontratando este servicio, la tendencia hacia el modelo de «línea fría», en detrimento de cocinas propias en los centros, parece consolidarse.
En medio de esta recuperación pospandemia del sector, Mario Morales de la Federación de Servicios de CCOO, ha expuesto cómo, a pesar de un aumento en la facturación, los costes de personal han tendido a la baja.
Sin embargo, Morales también resalta un punto positivo: la concentración empresarial ha facilitado el diálogo para la negociación de un convenio estatal, una situación impensable antes de 2016 debido a la existencia de múltiples convenios.
Los representantes de CCOO han unificado sus voces en la demanda de cambios legislativos que mejoren las condiciones de los trabajadores y eviten que las nuevas empresas adjudicatarias deban asumir deudas previas, abogando por un servicio de calidad y accesible para todos los estudiantes.