El bloqueo de las VPO en Zaragoza, principalmente en Arcosur, viene de lejos. Los promotores inmobiliarios se han visto abocados a una situación endiablada en la que no pueden dar respuesta a la alta demanda existente por una cuestión puramente burocrática que concierne directamente al Gobierno de Aragón, encargado de expedir las certificaciones provisionales necesarias para el inicio de las obras que ya tienen licencia municipal.

De hecho, fuentes del sector inmobiliario consultados por HOY ARAGÓN reconocen que el procedimiento administrativo municipal está funcionando con la presteza necesaria. Tanto es así que en 2023 el Ayuntamiento concedió un total de 78 licencias de obra, el mejor dato desde 2010. Estas 78 licencias suponen la construcción de 1.934 nuevas viviendas, una cifra que no se veía desde ese año.

El tapón, que persiste desde la pasada legislatura, está con las VPO, que, aunque tengan licencia, necesitan además la certificación provisional que expede el Gobierno de Aragón. Se trata de un trámite necesario, porque en él se especifican los datos técnicos del edificio para que la Administración confirme que se ajustan a la normativa vigente en Aragón.

Esta documentación, sin la cual no pueden arrancar las obras, solía tardar como explican fuentes del sector en torno a un mes o mes y medio desde que se presentaban. A día de hoy, los retrasos son de un año e incluso de un año y medio en algunos caso, informan las promotoras.

Esta situación es especialmente relevante en el momento actual, cuando la buena marcha de la economía y la generación de empleo ha permitido que muchos jóvenes hayan accedido al mercado laboral y puedan plantearse por primera vez la adquisición de una vivienda. Finalmente, son ellos los principales perjudicados, porque a pesar de existir una gran demana y una gran cantidad de VPOs licenciadas, éstas no pueden ser construidas.

Esta situación, indican los promotores, no está ocurriendo en otras comunidades, donde la espera para las certificaciones provisionales suelen tardar en torno a cuatro meses en ser tramitadas. Actualmente se encuentran paradas un total de 1.124 viviendas, la mayor parte de ellas en Arcosur, de las que 201 esperan la certificación provisional y 923 la certificación definitiva, la cual también expede el Gobierno de Aragón una vez comprueba que la obra se ha realizado de acuerdo con el proyecto y que es necesaria para llevar a cabo la escritura del piso.

SOLUCIONES INMINENTES

El Departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón, consultado por esta situación, ha reconocido a este medio la problemática, heredada de la legislatura anterior y que tilda de «sangrante». Según las fuentes de la DGA, las calificaciones provisionales existentes sufren un retraso de seis meses.

Para remediarlo, se va abordar en estos primeros meses de 2024 el bloqueo desde dos frentes. En primer lugar, ya se han puesto en marcha desde el punto de vista normativo, con el fin de adecuar el decreto 191/98 de 17 de noviembre a la legislación vigente. Esto permitirá agilizar la tramitación de forma considerable.

Del mismo modo, consideran «absurdo» que existan duplicidades de inspección por parte del Ayuntamiento y la DGA, algo en lo que también se va a trabajar para que los trámites burocráticos se faciliten.

El segundo frente es abordar la falta de técnicos que el nuevo Gobierno se ha encontrado. Para ello se va a reforzar el número de funcionarios en la Direccción General de Vivienda encargados de expedir las certificaciones. Para ello marcan como plazo los tres primeros meses de este 2024.