ERC y el PSOE se sitúan al borde de formalizar un pacto crucial para la investidura de Pedro Sánchez. El avance significativo se dio tras una llamada telefónica entre Pere Aragonès y el presidente en funciones, que culminó en un principio de acuerdo sobre una nueva ley de amnistía.
El consenso al que se ha llegado contempla una ley de amnistía que, según ERC, «protegerá a todas las personas perseguidas políticamente en el contexto del proceso independentista». Principalmente, aquellos condenados por malversación de fondos públicos y por los delitos de sedición.
Esto incluye a miembros del Tsunami Democràtic y los CDR, actualmente bajo investigación por terrorismo, disturbios y desordenes públicos. La resolución de este punto, que parecía un escollo inamovible, parece haber sido posible gracias a un renovado espíritu de colaboración entre Sánchez y Aragonès.
No obstante, hay más en juego que la ley de amnistía. ERC ha puesto sobre la mesa la gestión de Rodalies, el Ingreso Mínimo Vital y la compensación por el déficit fiscal—temas espinosos que permanecen pendientes de acuerdos anteriores.
La fase final del pacto aguarda la aprobación interna de ERC y la fecha del acto formal de firma. Además, las conversaciones con Junts avanzan paralelamente, particularmente tras el reciente encuentro en Bruselas entre Santos Cerdán del PSOE y Carles Puigdemont.
Sin embargo, el posible pacto ha suscitado reacciones adversas en el ámbito judicial. Un grupo de vocales del CGPJ, propuestos por el PP, ha expresado su rechazo a la ley de amnistía, calificándola de atentado contra el Estado de Derecho y un menoscabo a la Constitución y a la justicia del país.
Con los acuerdos rozando su materialización, se anticipa que la investidura de Sánchez podría tener lugar la próxima semana, adelantándose a los plazos estipulados y evitando así la repetición electoral.