En un contexto en el que los delitos financieros, como el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y la economía sumergida, representan una preocupación para las autoridades fiscales, se han implementado medidas para controlar los pagos en efectivo. Estas medidas tienen como objetivo evitar el uso del efectivo como método de pago no rastreable, facilitando la comisión de actividades ilegales.
Una de las principales restricciones es la reducción del límite de pago en efectivo de 2.500 a 1.000 euros, aplicable a aquellas transacciones en las que al menos una de las partes involucradas sea un profesional. Esta limitación afecta a todos los ciudadanos, pero tiene un mayor impacto en aquellos profesionales que manejan dinero en efectivo de forma habitual, como los autónomos y trabajadores por cuenta propia.
La Agencia Tributaria, a través de su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero, establece los sectores que serán sometidos a una vigilancia especial en términos de cumplimiento de la ley. Conscientes de los riesgos asociados al uso del efectivo, se presta atención a aquellos sectores y modelos de negocio con un alto potencial de economía sumergida, en particular aquellos que hacen un uso intensivo del efectivo o emplean métodos de pago electrónicos radicados en el extranjero que no cumplen con las obligaciones de suministro de información.
El Plan de este año ha revelado que se prestará especial atención al sector de la construcción inmobiliaria, específicamente en lo que respecta a la rehabilitación y reformas. Esta elección se basa en la detección de actitudes que podrían indicar la comisión de delitos financieros. Algunas de las características comunes son la falta de aceptación de pagos con tarjeta, la dependencia de ingresos provenientes de entregas de bienes o servicios directamente al consumidor final y las señales de riqueza o patrimonio inconsistentes con las declaraciones de ingresos.
Además del sector de la construcción y las reformas, hay otros grupos que también estarán sujetos a una vigilancia intensiva por parte de Hacienda. Entre ellos se encuentran los autónomos de la hostelería y la restauración, los del sector del comercio y aquellos dedicados a la recogida de fruta.
Estas medidas buscan garantizar la transparencia en las transacciones económicas, combatir la evasión fiscal y promover la legalidad en el ámbito financiero. Si bien afectan a los autónomos y trabajadores por cuenta propia que operan en efectivo, también contribuyen a fortalecer la integridad del sistema económico en general. Es fundamental que los profesionales se adapten a estas regulaciones y adopten métodos de pago electrónicos que permitan un seguimiento adecuado de las transacciones y brinden seguridad tanto a ellos como a sus clientes.