Entre los palabros y expresiones acuñados por el Covidiotismo destaca la de ‘la nueva normalidad‘, un oxímoron salido de la mente perturbada de un publicista de tercera y que incorpora un insulto a la inteligencia: la normalidad, lo cotidiano, es lo opuesto a lo novedoso y la situación post-COVID que nos va a tocar vivir o es nueva (evidente) o es normal (evidentemente no).
Intentando encontrar el trasfondo de tan grimosa expresión, busco entre los acontecimientos de los últimos tiempos alguna pista sobre su significado, pero lo que encuentro no me tranquiliza:
Puede que la nueva normalidad signifique enterrar definitivamente a Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, en cuya obra ‘El espíritu de las leyes’ se formuló el principio de la separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), con un sistema de pesos, contrapesos y controles que constituye la base de varias Constituciones modernas, entre ellas la española de 1978. Digo definitivamente, porque ya Alfonso Guerra lo enterró al acceder a la Vicepresidencia del Gobierno en 1982, al grito de “Montesquieu ha muerto”.
La partitocracia imperante en España hace que no exista, en la práctica, separación sustancial entre el Poder Ejecutivo (el Gobierno) y el Legislativo (las Cortes Generales), pues son los partidos políticos quienes controlan uno y otro.
El intento sistemático del poder ejecutivo para controlar al poder judicial no es tampoco una novedad en nuestra democracia: los dos grandes partidos que se han alternado en el poder desde 1982 se han esmerado en controlar el nombramiento del máximo órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial.
«El intento sistemático del poder ejecutivo para controlar al poder judicial no es tampoco una novedad en nuestra democracia»
Su primera ley reguladora, la Ley Orgánica 1/1980, previó que de sus 20 vocales, 12 serían jueces y magistrados elegidos por estos, 4 los designaría el Congreso y 4 el Senado. Pero esa ley duró poco, pues cuando el PSOE accedió al poder en 1982, Alfonso Guerra pronunció su famosa frase condenatoria del pobre barón ilustrado y desde la LOPJ de 1985, 12 vocales del CGPJ son nombrados por el Congreso y el Senado (6 cada uno) entre jueces y magistrados y los otros 8, también por el Congreso y el Senado entre juristas de reconocido prestigio.
¿Captan el matiz? El Presidente del Tribunal Supremo que a su vez preside el CGPJ y que debería ser elegido por el pleno de este, en la práctica lo nombra el Gobierno y lo impone al CGPJ.
En este escenario, claramente contrario al espíritu de nuestra Carta Magna aunque se atenga a su literalidad, hemos asistido a dos espectáculos lamentables del poder ejecutivo en los últimos tiempos: el primero, el nombramiento en febrero de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, sin solución de continuidad desde su cargo como Ministra de Justicia.
El Ministerio Fiscal, a quien la Constitución encomienda “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales”, pasa a estar dirigido por un miembro del Gobierno. ¿Dónde queda el control, el contrapeso de los desmanes del ejecutivo?
El segundo procede de quien en otro tiempo fuera un respetado Juez, ahora abducido por el Reverso Tenebroso de la Fuerza -a.k.a. Poder Ejecutivo-, quien empezó destituyendo a un alto cargo de la Guardia Civil por cumplir la ley, negándose a contravenir una orden judicial y ha terminado sumiendo en el caos a uno de los cuerpos de seguridad más respetados de España.
Pronto ha olvidado el Juez Marlaska las normas que rigen la actuación de la Policía Judicial. ¿Se imaginan al pánfilo de Mariano Rajoy, destituyendo al Inspector Jefe de la UDEF en lo más crudo de la investigación sobre la Gürtel? El PP intentó otras acciones contra la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, pero no llegó tan lejos como Marlaska-Darth Vader.
Visto lo visto, métanse su nueva (sub)normalidad donde les quepa y devuélvannos a Montesquieu y a la vieja normalidad donde nos sentimos seguros quienes aún creemos en el modelo de Estado social y democrático de Derecho salido del gran pacto que posibilitó la Constitución del 78.