La familia de Saray, una niña de 10 años que intentó suicidarse en septiembre del año pasado tras ser víctima de acoso escolar, ha presentado un recurso contra la decisión del juzgado de instrucción número 11 de Zaragoza de archivar la causa, según adelantó EFE.
La menor estudiaba en el colegio concertado Agustín Gericó, y sus padres habían denunciado previamente a tres trabajadoras del centro educativo y al colegio mismo por omisión de un delito de lesiones y contra la integridad moral.
La madre de Saray asegura haber alertado a la tutora sobre el acoso que sufría su hija, pero señala que la profesional le restó importancia al asunto. Adicionalmente, los padres de la menor no lograron conseguir una cita con la directora ni con la orientadora del colegio para discutir el tema.
En un auto fechado el 5 de septiembre, el juez decidió archivar la causa, argumentando que no hay evidencia de que la tutora haya actuado con dolo o con intención de dañar a la menor. El juez también señaló que en la denuncia se especifica que ni la directora ni la orientadora estaban al tanto de la situación.
Sobre la denuncia contra el colegio, el magistrado considera que los delitos mencionados no pueden ser atribuidos a personas jurídicas y, por lo tanto, el colegio no podría ser penalmente responsable.
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El abogado de la familia, Miguel Ángel Lanaspa, ha presentado un recurso contra el archivo de la causa, solicitando la continuación de la instrucción. Lanaspa argumenta que los denunciados tenían un «especial deber jurídico de actuar y de evitar el resultado delictivo». Añade que no se emprendió ninguna acción para proteger a la niña del riesgo que su madre había señalado.
El letrado insiste en que los implicados, incluido el colegio, eran conscientes de la situación y tenían la obligación legal de tomar medidas. Según Lanaspa, el intento de suicidio de Saray fue una «consecuencia directa e inmediata» del acoso que sufrió por parte de otras alumnas del centro.
Este caso pone de manifiesto la complejidad y sensibilidad en torno a los temas de acoso escolar y responsabilidad institucional, y sigue generando debate en la comunidad y el ámbito legal.
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