El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha emitido una orden para que la escuela de Caneto permanezca abierta, asegurando la continuidad educativa de los niños que asisten a este centro. De esta manera, se evita que los 21 niños de Caneto tengan que trasladarse a otro centro a 20 kilómetros de distancia, en Tierrantona.
Esta determinación se basa en una medida cautelar previamente acordada en enero y ratificada en un auto emitido este martes. Los jueces han respaldado a los padres, quienes impugnaron el cierre del centro educativo de Caneto decretado por el departamento de Educación el 7 de noviembre de 2023, lo que mantuvo a los niños sin clases durante dos meses.
La resolución judicial subraya el compromiso y esfuerzo de las familias para abordar los problemas que llevaron al cierre, resaltando la responsabilidad de las autoridades en este asunto. Además, la sentencia también ordena que la consejería de Educación se haga cargo de los gastos relacionados con las inversiones requeridas.
«Apreciamos que hay defectos que precisan de una inversión que excede de lo que pueden asumir los padres, y que cae dentro de la decisión política de planificación educativa que recae en la administración autonómica», subraya el fallo del TSJA.
La escuela ‘O Chinebro’, ubicada en Caneto en el valle de La Fueva, cuenta con todo el equipamiento educativo, servicios y abastecimientos, necesarios como la energía procedente de placas solares que hace autosuficientes a los más de 50 habitantes de Caneto, además dispone de red de abastecimiento de agua e internet.
UN LARGO PROCESO JUDICIAL
Desde su creación hace cinco años, ha recibido el apoyo del Ayuntamiento de Tierrantona y de la Comarca de Sobrarbe.
Esta escuela ha sido el centro de un prolongado conflicto judicial y político en los últimos meses. La consejería de Educación tomó la decisión de cerrarla después de que el curso escolar ya hubiera comenzado, argumentando la falta de evidencia de la existencia de un centro educativo en la localidad y señalando una serie de deficiencias en las dos aulas de madera donde se impartían clases.
En ese momento, los padres interpusieron un recurso contencioso-administrativo y solicitaron como medida provisional la reapertura del centro, medida que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) concedió el 19 de enero.
Esta decisión se basó en el hecho de que la escuela servía a una zona rural escasamente poblada y había estado funcionando durante cinco años. Sin embargo, los jueces dejaron claro que podrían revertir la medida si las deficiencias que representaban un riesgo para la seguridad de los niños no se corregían, y solicitaron a Educación que proporcionara informes sobre el estado de las instalaciones.