Aquel 11 de enero de 2021, a las cuatro de la tarde, Joel discutía con José, su padre por el volumen de la música que el joven había puesto. Dice la sentencia que en ese momento Joel amenazó a su padre con un destornillador y Herminia, la madre del chico, llamó al 061. «Ha amenazado a su padre y le ha cogido del cuello. Está en la planta de arriba y ha cogido un cuchillo además del destornillador», explica la sentencia en los hechos probados.
Al lugar de los hechos llegaron dos patrullas, en una de ellas los dos acusados. Relata el escrito del juez de Teruel, en base a las diligencias y declaraciones de los implicados, que hasta en dos ocasiones intentaron mediar con Joel para que depusiese su aptitud. Sin embargo, el joven esgrimía los objetos punzantes diciendo «prefiero ir a la cárcel que al hospital. Si entra alguien lo mataré».
Los servicios sanitarios de la UME del Hospital de Alcañiz, formado por una doctora, el enfermero, un técnico y el conductor llegaron al lugar y, según recoge dicha sentencia, fueron recibidos con el lanzamiento de una lata que casi alcanza a uno de ellos, por parte de Joel. Participaron en las negociaciones; en una segunda ocasión llegaron a estar hasta 45 minutos intentando convencerle.
La Guardia Civil intentó hasta en dos ocasiones, recoge el texto judicial, reducir con porras extensibles y escudos al joven que estaba bajo el efecto de un severo brote psicótico, sin éxito. A partir de aquí, declaraciones de la familia que intentó colaborar y que explicó después que el chico no presentaba una amenaza real.
Finalmente, en el relato de los hechos se apunta que en un momento dado, Joel salió con un destornillador hacia un agente y éste, «tras verse acorralado y sin poder evitar la situación disparó su arma reglamentaria hasta en tres ocasiones, provocando finalmente la muerte del chico».
La fiscalía manifestó, tras las sesiones del juicio, que consideraba que «no existió intención de lesionar por parte de los guardias, sino de desarmarlo». Solicitó la absolución, mientras que la defensa de la familia pedía penas de 5 años de prisión para el Guardia Civil que disparó y provocó la muerte de Joel, así como la inhabilitación de 5 años para ejercer su profesión. Para su compañero la pena solicitada era de dos años. Asimismo, se pedían indemnizaciones a la familia por entender que la actuación había sido desproporcionada contra el chico, que, insistían, no presentaba una verdadera amenaza.
«ACTUARON EN DEFENSA PROPIA»
Tras atender a todas las partes, el juez ha decidido absolver a los acusados al entender que «los dos agentes de la primera línea se habían agachado y apartado hacia los lados, para evitar ser alcanzados por Joel ante su abalanzamiento sorpresivo, y que el agente se encontró de frente al mismo, dirigiéndose a él con el brazo en alto con el destornillador, sin posibilidad siquiera de retroceder, ya que tenía una pared a su espalda, por lo que utilizó el único instrumento que tenía a su alcance en ese momento para repeler la agresión, ya que la defensa la había soltado en los instantes previos, cuando observó un intento de agresión con el cuchillo por parte de Joel al cuello del agente».
No tuvo alternativa, explica el juez en la sentencia y actuó en legítima defensa al ver su vida en peligro. Una sentencia que podrá ser recurrida en los próximos diez días por parte de la defensa de la familia de Joel que está estudiando las opciones con las que pueden contar.
Final a un polémico juicio que puso en tela de juicio la intervención policial en una situación de riesgo ante una persona enferma, pero que un juez, basándose en sentencias anteriores, ha considerado legítima.