El Ayuntamiento de Zaragoza, actualmente bajo la gestión de la alcaldesa Natalia Chueca, ha emprendido acciones legales contra el Gobierno de España, debido a la compensación económica por las pérdidas derivadas de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la fórmula de cálculo para el impuesto de plusvalía municipal.
La raíz del conflicto se remonta al 25 de noviembre de 2022, cuando el gobierno municipal zaragozano, dirigido entonces por Jorge Azcón, presentó una reclamación al ejecutivo de Pedro Sánchez. Sostuvieron que el Estado debía asumir responsabilidad por las pérdidas financieras resultantes de la invalidación de partes de la ley Reguladora de Haciendas Locales por el Tribunal Constitucional.
51 MILLONES DE PÉRDIDAS
En ese momento, el Ayuntamiento de Zaragoza estimó en más de 51 millones de euros las pérdidas, incluyendo devoluciones y no cobros desde la sentencia inicial del Tribunal Constitucional en 2017 hasta su decisión final en 2021. No obstante, el Consejo de Ministros rechazó la demanda, argumentando que el ayuntamiento, al no ser un particular, no puede solicitar compensación del Estado y que la petición fue realizada fuera de plazo.
Ante la negativa del Gobierno central, la administración de Natalia Chueca optó por llevar el caso al Tribunal Supremo. Alegan que, aunque no son un particular, se ven directamente afectados y por ende tienen derecho a reclamar. Esta acción legal no solo es crucial para Zaragoza, sino que también podría marcar un precedente para otros ayuntamientos españoles en situaciones análogas.
Tradicionalmente, el impuesto de plusvalía municipal ha sido una fuente crucial de ingresos para el ayuntamiento, representando más del 26% de su recaudación en 2016. Las decisiones del Tribunal Constitucional han llevado a un cambio en el cálculo de este impuesto, lo que ha mermado significativamente los ingresos municipales.
En octubre de 2021, la anulación del método de cálculo por parte del Tribunal Constitucional forzó al Ministerio de Hacienda a modificar la ley, afectando considerablemente los ingresos de los municipios de todo el país.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Zaragoza busca una resolución en el Tribunal Supremo, exigiendo al Estado asumir responsabilidad por las pérdidas ocasionadas por la legislación anulada.