El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha indicado que basó su denuncia contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en informaciones de medios de comunicación y que en caso de que las noticias no sean ciertas «serán quienes la publicaron quienes deberán asumir la falsedad».

Esto ha afirmado en un comunicado, donde asegura que Manos Limpias no ha realizado ninguna acción falsa, en respuesta a las declaraciones del presidente realizadas este miércoles.

Bernad explica que su sindicato se enteró a través de varios diarios digitales «de una serie de informaciones que sugerían presuntas irregularidades, posiblemente delictivas, en el comportamiento de la esposa» de Sánchez. Al notar que la Fiscalía no tomaba acción de oficio, a pesar de que dichas noticias llevaban semanas circulando, decidieron «informar al juzgado correspondiente sobre estas informaciones mediante una denuncia».

Agrega que lo hicieron con la intención de que se iniciaran investigaciones para verificar «la veracidad de las afirmaciones». «Hemos cumplido con un derecho y una responsabilidad ciudadana. En el actuar de Manos Limpias no ha habido ningún acto de falsificación, ya que, como han señalado quienes nos han criticado, la denuncia se basó únicamente en la información periodística mencionada«, detalla.

INACEPTABLE

Señala que ahora corresponde al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, a cargo del juez Juan Carlos Peinado García, verificar la veracidad de las noticias periodísticas mencionadas. En caso de que resulten falsas, «serán los responsables de su publicación quienes deberán asumir la responsabilidad». «Sin embargo, si resultan ciertas, entendemos que el proceso judicial debe continuar», aclara.

Además, Bernad opina que la respuesta del presidente es «totalmente inaceptable», ya que en lugar de abordar si las informaciones sobre su esposa son verídicas o no, «optó por responder insultando» a Manos Limpias por ejercer un derecho constitucional, al afirmar que son una organización de extrema derecha. «O insinuando que formamos parte de una campaña derechista en su contra, lo cual es incorrecto», agrega.

Adicionalmente, Bernad expresa su pesar por los ataques personales de la «prensa afín al gobierno», señalando que estos medios pasan por alto su absolución por parte del Tribunal Supremo en el caso Ausbanc, donde inicialmente fue condenado.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y CORRUPCIÓN

El miércoles pasado trascendió que el juez Peinado García había decidido iniciar una investigación sobre Begoña Gómez por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, según informó ‘El Confidencial’.

Estas informaciones indican que la apertura de la investigación se realizó el 16 de abril tras una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, y que se había decretado el secreto de sumario. Según el medio digital, entre las primeras acciones ordenadas por el juez se encuentra la citación de varios testigos.

La denuncia presentada por Manos Limpias fue registrada por su presidente, Miguel Bernad, el 9 de abril pasado. En ella, se argumentaba que Begoña Gómez, aprovechando su posición como esposa del presidente del Gobierno de España, habría recomendado o avalado a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas mediante cartas de recomendación firmadas por ella misma.

Se destacaba que uno de los empresarios beneficiados por estas recomendaciones era Carlos Barrabés, quien supuestamente habría obtenido licitaciones públicas por un valor de 10 millones de euros. Además, se mencionaba que este empresario había organizado el Máster de Transformación Social Competitiva, en el cual la cátedra de Begoña Gómez lo había contratado como profesor asociado.

Por otro lado, se señalaba que Víctor de Aldama, quien está siendo investigado por la Audiencia Nacional como presunto intermediario en el ‘caso Koldo’, actuaba como contacto de Begoña Gómez en Globalia y habría ganado 6,67 millones de euros antes de que se negociara el rescate de la compañía.

AIR EUROPA

A esto se añadía que Air Europa habría acordado pagar 40.000 euros anuales al África Center, del cual Begoña Gómez era responsable. Además, el acuerdo entre Globalia y el Instituto de Empresa incluía la concesión de 15.000 euros anuales en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo.

El sindicato Manos Limpias también afirmaba que las cartas de recomendación y avales de Begoña Gómez habrían resultado en una notable aumento de las adjudicaciones a empresarios con los que mantenía relaciones de amistad.

Estas afirmaciones llevaban al sindicato a señalar que diversos medios digitales y de impresos, así como programas de debate televisivo, habían denunciado estos hechos, los cuales podrían constituir presuntos delitos de tráfico de influencias.

BARRABÉS

La denuncia se centraba en posibles delitos relacionados con el artículo 429 del Código Penal, que penaliza a quienes ejercen influencia sobre funcionarios públicos o autoridades «con el fin de obtener una resolución que genere un beneficio económico, ya sea para sí mismos o para terceros, de manera directa o indirecta».

A raíz de esto, el sindicato solicitaba en su denuncia que tanto Begoña Gómez como los responsables de los medios de comunicación que publicaron noticias al respecto sean citados a declarar. Asimismo, pedían que se proporcionaran las cartas de recomendación y los expedientes de los contratos adjudicados a Carlos Barrabés.