La preocupación por el cambio climático y la sostenibilidad del transporte ha llevado a PSOE y Sumar a establecer un acuerdo programático que prioriza el uso del ferrocarril sobre los vuelos domésticos en rutas específicas.
El acuerdo contempla la eliminación de los vuelos domésticos en rutas que posean una alternativa ferroviaria de menos de dos horas y media.
Durante la presentación del acuerdo, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, subrayó la importancia del ferrocarril como «el transporte del siglo XXI». En esta línea, Díaz sostuvo que «los vuelos cortos han de acabarse» siempre que exista una alternativa viable mediante tren.
Esto afectaría directamente a las conexiones aéreas diarias entre ciudades como Alicante, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Madrid, rutas que ya cuentan con servicios de tren de alta velocidad con duraciones cercanas a las dos horas y media. Por poner un ejemplo, solo 13 de los 73 vuelos de un día entre semana que tiene Bilbao tienen una duración superior a los exigidos por Sánchez y Díaz. El resto, 60 vuelos, deberían ser suprimidos.
Entre tanta prohibición para los vuelos domesticos, ha surgido cierto escepticismo y crítica en relación a este punto del acuerdo, especialmente debido a que la propia Díaz realizó, en el último par de años, un total de 29 vuelos nacionales en avión presidencial Falcón. De estos, ocho corresponden a rutas que cuentan con opciones ferroviarias de menos de tres horas.
En el caso de Sánchez, que es más asiduo a usar el avión Falcon presidencial, el líder del PSOE supera los 450 vuelos en sólo uno respecto a los que hizo Zapatero en siete años.
La eliminación de estos vuelos se propone como una medida para combatir los «efectos adversos» del cambio climático. Sin embargo, en las redes sociales, usuarios han señalado con el término «falcon», haciendo alusión a los repetidos viajes aéreos del presidente Pedro Sánchez en el avión oficial.
Ante las críticas y demandas de transparencia sobre los viajes en Falcon, el Gobierno ha optado por no divulgar esta información, calificándola como «materia especialmente sensible». Alegan que, de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales, los detalles sobre los desplazamientos de aeronaves militares y planes de protección de autoridades deben mantenerse confidenciales.