La reciente propuesta de amnistía en España acordada por el PSOE y Junts sienta un precedente único en la joven democracia española. La medida, completamente extrajurídica, inconstitucional e inmoral, y donde sus promotores políticos al impulsarla en el Parlamento cometen un claro perjurio por haber insistido en su imposibilidad durante los últimos meses.
Incluso habiendo negado esta posibilidad en campaña electoral, ejerciendo un cínico discurso ante sus electores y votantes una vez que la amnistía se está cerca de aprobar.
Esto ya debería ser suficiente para descartar la propuesta en una democracia normal y ponderada con una alta exigencia. Sin embargo, no es suficiente rechazar una decisión política simplemente porque viola el principio de legalidad o porque su intencionalidad es puramente partidista, e incluso con un criterio individualista encarnado en Pedro Sánchez para revalidar la presidencia.
La amnistía no cumple con la definición de ‘ley’ según la RAE: un precepto en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. No solo es cuestionable, sino que también parece contraria a la justicia y difícilmente se puede argumentar que beneficia al bien general.
El hecho de que la amnistía sea percibida como doblemente inconstitucional es aún más preocupante. No solo viola la voluntad del constituyente sino que también representa un intento de vaciar progresivamente la Constitución.
Mientras la amnistía de 1977 fue un paso hacia la reconciliación y el pacto constitucional, la propuesta actual parece ser un paso hacia su quiebra. El país ahonda aún más en la desigualdad y en el enfrentamiento.
A su vez, la amnistía surge como una medida unilateral y excluyente que, lejos de promover la concordia, podría sembrar discordia en todo el país. Esta percepción es preocupante, especialmente cuando se considera quebrado al delicado tejido social y político de España como se aprecia en las manifestaciones o en las encuestas sobre el ‘no’ mayoritario a la amnistía que propone el PSOE.
Sin duda, esta amnistía debilita el Estado de Derecho en España, que desde la crisis de 2017 con el procès se sostiene principalmente por el Poder Judicial que encarriló la deriva política con las condenas del Tribunal Supremo y con la posición del jefe del Estado, el rey Felipe VI. Ver al primero maniatado y al segundo humillado es una situación que suscita preocupaciones legítimas.
A la vez, la amnistía no cabe en un concepto amplio de ser demócrata ni mucho menos de ser socialista. La idea de que una persona o partido controle simultáneamente el poder ejecutivo, legislativo y judicial con la posición del ‘lawfare’, viéndolo como un retroceso en lugar de progreso, es una medida que hace retroceder la democracia y sobre todo es alejada de la igualdad que pregonaría un socialista.
Si se acepta la idea de que mantener al actual gobierno justifica sacrificar cualquier principio, se debería aceptar también la idea de que remover dicho gobierno es esencial para la salud de la democracia.
Por ello, la propuesta de amnistía es vista no solo como una amenaza para la legalidad y la moralidad, sino también como un factor que podría agravar la crisis de convivencia en España. La medida es inoportuna y potencialmente perjudicial para el futuro del país.
*Álvaro Sierra es socio y director de HOY ARAGÓN