En los últimos días hemos conocido en el Justiciazgo dos formas distintas de ver como eso que llamamos “despoblación” se presenta y afronta por y desde la administración pública, entendiendo a ésta en su sentido más amplio, que incluye desde el Gobierno autonómico a la de un pequeño municipio.
Por un lado recibimos en el Palacio de Armijo la visita del Vicepresidente primero del Gobierno de Aragón junto al Director General de Despoblación, con los que el equipo del Justicia pudimos departir sobre las especiales condiciones demográficas de nuestra Comunidad autónoma, en la que junto a una atrayente mega urbe encontramos grandes extensiones en condiciones de casi desierto poblacional, lo que conlleva que la prestación de servicios, aún los más básicos, en ellas sea muy costoso, tanto en lo económico, como en lo humano.
La posible captación de fondos europeos específicos para este tipo de zonas de escasa población, la visión del problema como algo trasversal que afecta al conjunto de departamentos del gobierno o las medidas tendentes, aunque tan sólo sea para evitar que el problema siga creciendo, fueron los desiderátums que en la extensa e interesante reunión se pusieron sobre la mesa, con una visión cuasi conceptual de alta política a medio plazo.
La otra visión de la despoblación la hemos vivido en estos días durante la tramitación de un ordinario expediente de queja presentado por medio de nuestra página web, en la que unos ciudadanos nos trasladaban la falta de convocatoria de plenos en un concejo abierto y la no facilitación de determinada documentación municipal. La cuestión era relativa a un pequeño, pequeñísimo, municipio de la zaragoza cara oculta del Moncayo, pero lo podía haber sido igual del Matarraña, o de la Ribagorza, o de otras tantas localidades y comarcas aragonesas con el mismo problema, en la que la figura de tinte asambleario que es el concejo abierto, que junto a un alcalde son el resto de vecinos los que componen el consistorio, lleva a veces a graves problemas de funcionamiento lejos de lo que deberían ser buenas relaciones de vecindad, como señala nuestro Código de Derecho Foral y que a veces se olvida entrando en rencillas y peticiones egoístas.
Admitida a trámite la queja, se solicitó, siguiendo el procedimiento habitual, información al ayuntamiento en cuestión, y ello llevó a tener una rápida respuesta telefónica de su alcaldesa, solicitándonos una reunión presencial para explicar la situación. Como siempre que se nos pide, desde el Justiciazgo se accedió a ello, y en pocos días se produjo la entrevista, en la que pudimos conocer de primera mano los problemas reales que tiene un pueblo con una población de unos treinta vecinos censados, pero en el que realmente la residencia habitual en la localidad está entre tres y cinco, lejos de núcleos importantes.
El ayuntamiento se ve obligado a cumplir con todo el marco jurídico, complicado entramado de leyes de todo tipo (participación, contabilidad, contratación, transparencia, etc.), y ello contando únicamente con el apoyo técnico de una secretaria municipal, compartida con otros pequeños municipios del entorno a tiempos parciales. En este caso la funcionaria pública se encontraba de baja médica, como también lo había estado hace unos meses la propia alcaldesa, y ello había supuesto la paralización burocrática del ayuntamiento, sin que los apoyos de Diputación o de otros municipios cercanos hubieran sido suficientes para evitarlo…, pero la vida en el pueblo debe seguir, al menos de momento.
Los altos cargos del Gobierno de Aragón nos trasladaban sus proyectos a medio plazo, pequeños o grandes, para paliar la situación de nuestro Aragón despoblado o en vías de despoblación, al mismo tiempo que la resignada alcaldesa nos intentaba explicar lo difícil que es seguir viviendo cada día en muchos de los pueblos del Aragón olvidado. Dos formas de afrontar un problema: una desde lo estructural y programático, otra desde lo cotidiano y próximo.