«Existe responsabilidad penal en la figura de la Consejera del departamento de Sanidad del gobierno catalán en la decisión de suspender en Cataluña la vacunación de los policías nacionales y guardias civiles allí destinados«. Es lo que dice la denuncia que el letrado Marco Antonio Navarro ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona.
Sucedió en marzo de 2021, y se paralizó, consideran el sindicato policial JUPOL y la asociación de guardias civiles JUCIL, la vacunación de la COVID-19 sin causa justificada. Las acusaciones, defendidas por Navarro, alegan que este plan de vacunación lo marca el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
En dicho plan de vacunación se daba prioridad a determinadas profesiones «de riesgo», donde se incluyen a las Fuerzas y Cuerpos del Estado. «En fecha 9 de febrero de 2021 se publicó la tercera actualización de la Estrategia de Vacunación, en la que se acordó priorizar con la vacuna Astrazeneca a este colectivo policial», dice el escrito de acusación.
Señala también el escrito de acusación que el Departament de Salut de la Generalitat inició el 12 de febrero de 2021 la vacunación de estos colectivos. Mientras que funcionarios como Mossos D’Escuadra y Policía Local iban a un buen ritmo rondando un 70% de vacunación, Policía Nacional y Guardia Civil iban en el mismo periodo de tiempo con un 9% de vacunaciones. «Lo que queremos es depurar responsabilidades ante un hecho más que evidente«, señala Marco Antonio Navarro.
JUPOL y JUCIL presentaron entonces un recurso contencioso administrativo contra la Consejería de Salud catalana. En ese escrito se pedía que en un plazo de diez días se igualasen los porcentajes de vacunación con otros grupos de funcionarios considerados de riesgo.
UN PARÓN «INJUSTIFICADO» EN LA VACUNACIÓN
La acusación cree que la disparidad de ritmos de vacunación se debió principalmente a la orden de la Consejería de Sanidad catalana de paralizar el 24 de marzo de 2021 dicha vacunación a agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que tuvieran menos de 60 años, dicen los sindicatos, «la gran mayoría».
Dicha paralización se mantuvo hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó al gobierno catalán a seguir con este plan de vacunas el 27 de abril del mismo año. Incluso la Delegada del Gobierno en Cataluña mostró en sendas cartas al ministro de Política Territorial y a la ministra de Sanidad su preocupación acerca del asunto.
«Esta situación que generó mucha ansiedad y preocupación entre los agentes allí desplazados no puede quedar impune. Es necesario que cada uno asuma la responsabilidad y por eso se decidió judicializar este asunto», insiste Navarro, representante de las acusaciones de JUCIL y JUPOL.