El Ayuntamiento de Zaragoza, en su sesión plenaria de este jueves, rechazó la propuesta de ZEC (Zaragoza en Común) de solicitar al Gobierno de Aragón la declaración de «zonas tensionadas» y la instauración de índices de precios para el alquiler de vivienda en Zaragoza, en relación a la Ley de Vivienda estatal. El rechazo llega de la mano de los votos contrarios de PP y Vox.
La ley de Vivienda aprobada por el Ejecutivo central de Pedro Sánchez considera «zonas tensionadas de contención de alquileres» aquellas en las que para una familia la carga del coste del alquiler más los gastos de una vivienda supere el 30% de la renta de un hogar o donde los precios hayan subido tres puntos por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC) en los cinco años anteriores. Actualmente este se encuentra en el 2,7% en marzo en Aragón.
La moción presentada por ZEC, defendida con vehemencia por el concejal Suso Domínguez, abogaba, entre otras cosas, por la creación de un censo de viviendas desocupadas, la aplicación de recargos en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para estas viviendas, y el destino del 30% de los nuevos desarrollos urbanísticos a vivienda pública en alquiler. La propuesta también hacía hincapié en mantener un equilibrio entre la vivienda de alquiler social y la vivienda de alquiler a precio ajustado.
Domínguez alegó que el alquiler en Zaragoza ha experimentado un aumento del 34% en los últimos cinco años, contrastando con un magro incremento salarial del 12%. Según él, varias zonas de la ciudad, como Actur, San José, Arrabal, Delicias, Torrero, Casco Viejo y La Almozara, se encuentran bajo tensiones en el mercado de alquiler.
Según cifras oficiales del estudio ReviTUR, realizado por Exceltur, Zaragoza es la principal ciudad del país con menor cantidad de pisos destinados al turismo. Frente a la tendencia expansiva que ataca al mercado inmobiliario en las gigantes Madrid o Barcelona, o en ciudades turísticas como Sevilla o Valencia, la capital aragonesa resiste.
Este fue el principal argumento de, Armando Martínez, representante de Vox, quien sostuvo que las propuestas de la izquierda tienden a ser perjudiciales tanto para las empresas como para las familias, argumentando que las medidas intervencionistas, lejos de ser soluciones, empeoran la situación.
José Miguel Rodrigo, concejal de Vivienda por el PP, vio en la propuesta de ZEC una estratagema para introducir en el consistorio la polémica Ley 12/23, a la que tildó de «nefasta» y causante de «alarma social».