El grupo parlamentario de Junts ha registrado este viernes en el Congreso con el PNV, y sin la firma de ERC ni del PSOE, las comisiones de investigación que pactaron en agosto con los socialistas, a cambio del voto de los independentistas a Francina Armengol: una para «saber la verdad» de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 y otra sobre el espionaje a políticos independentistas con el programa ‘Pegasus’.

Cuando se constituyó el Congreso, el PSOE alcanzó sendos acuerdos con ERC y con Junts para, entre otras medidas, permitir el uso de lenguas cooficiales, prestar diputados para poder formar grupo parlamentario pese a no lograr los requisitos establecidos en el reglamento, y crear esas dos comisiones de investigación. A cambio, los independentistas votarían a Armengol y así darían al PSOE y Sumar el control de la Mesa de la Cámara Baja.

La comisión sobre los atentados islamistas de 2017, cometidos cuando Carles Puigdemont presidía la Generalitat, busca «saber la verdad» y esclarecer «las responsabilidades políticas» de cualquier índole. Los de Junts se han hecho eco en numerosas ocasiones de las noticias que apuntan a que uno de los impicados, Abdelbaki es-Satty, imán de Ripoll, fue confidente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El comisario jubilado José Manuel Villarejo es uno de los que ha alentado esa teoría de la conspiración asegurando que el CNI no quería provocar los atentados en los que murieron 16 personas, pero sospecha que hubo un «error de cálculo», ya que, según su versión, se quiso crear un «comando ficticio» para dar un «susto» a Cataluña y tras la muerte del imán en la explosión de Alcanar la cosa se «descontroló».

EL OTRO CASO A INVESTIGAR

La otra comisión de investigación se refiere a la denominada ‘operación Cataluña’, las actuaciones que se atribuyen al Ministerio del Interior en los Gobiernos de Mariano Rajoy para lanzar informaciones falsas contra políticos independentistas con el fin de tratar de desacreditarlos.

En aquella primera investigación de la ‘Operación Cataluña’ se concluyó, pese al voto en contra del PP, que, efectivamente, se creó una estructura policial destinada, entre otras cosas, a «perseguir» a adversarios políticos como dirigentes del independentismo catalán.

Se mencionaba en concreto «la creación y trabajos realizados por las BARC» (Brigada de Análisis y Revisión de Casos) contra el PSOE, la falsa cuenta en Suiza de Xavier Trías, o el llamado «Informe PISA» contra Podemos sobre supuestas actividades económicas de Pablo Iglesias.

En las conclusiones se reprobó al primer ministro de Interior de Rajoy, Jorge Fernández Díaz, así como al ex director general de la Policía Ignacio Cosidó y al ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino como responsables políticos del uso «partidista» de este departamento.

Pero los independentistas insistieron en 2022 pidiendo otra comisión de investigación sobre la ‘operación Cataluña’, centrada inicialmente en la presunta intromisión a la soberanía del Principado de Andorra por parte de responsables políticos españoles, pero que el PSOE quiso desviar más hacia el caso ‘Kitchen’, pese a que ya se había investigado.