El jurista Hans Kelsen definió el golpe de Estado como aquella modificación o sustitución de la Constitución que no se realiza conforme a las disposiciones constitucionales. No necesariamente ha de ser violento ni perpetrarse desde fuera del sistema.
De hecho, la Historia es pródiga en golpes de Estado realizados desde el propio gobierno en claro abuso de su autoridad y con el único propósito de perpetuarse en el poder y laminar cualquier posibilidad de alternancia pacífica.
El más famoso es el que llevó a cabo Hitler cuando el Parlamento alemán promulgó la conocida como Ley de Plenos Poderes o Ley Habilitante (Ley para solucionar los peligros que acechan al Pueblo y al Estado) y que le otorgaba con apariencia de legalidad los poderes dictatoriales que ejerció desde entonces.
La apariencia de legalidad es un elemento esencial en estos procesos autogolpistas.
Hispanoamérica también ha brindado numerosos ejemplos: la Ley Habilitante de Venezuela que ha permitido que Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, legislen de modo autocrático, sustrayendo funciones a la Asamblea Nacional, o la ‘Ley Corta’ de Evo Morales con la que pretendió el control de los tres poderes del Estado. Fujimori en Perú actuó de modo diferente. Éste, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, disolvió el Congreso de la República y desmanteló el sistema judicial.
Todos sabemos cómo acabaron, unos con la guerra y destrucción del país, otros con la ruina generalizada de la población y algunos con el exilio, detención y condena de sus autores.
Arnold J. Toynbee ha sido posiblemente el mejor y más prolífico historiador del siglo XX. Entre su obra monumental se encuentra un libro extenso y minuciosamente documentado, “La Europa de Hitler”.
Es interesante detenerse en alguno de sus primeros capítulos donde expone la fijación de los nazis por controlar la Justicia, rasgo que parece común en todos los autócratas.
Algo, el control de la Justicia, que han llevado a cabo todos los demás autócratas citados y que se parece sospechosamente a lo que está ocurriendo o se está tratando de que ocurra en España, donde el Gobierno en funciones tiene como objetivo prioritario el control del poder judicial.
El control del Constitucional y de la Fiscalía ya parece garantizado. El Consejo General del Poder Judicial es la siguiente y evidente meta, que se resiste por la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos, para, a partir de ahí, controlar la provisión de vacantes en el Tribunal Supremo, tribunales superiores autonómicos y audiencias provinciales.
Un régimen autocrático no puede sostenerse sin el control de la Justicia y sometido por tanto a la vigilancia y enjuiciamiento de sus actos. Es incompatible. Fujimori disolvió el sistema judicial de su país. Aquí se está actuando de forma más sutil (la apariencia de legalidad), aunque tampoco mucho.
La provisión de puestos clave en todos esos órganos por personas con estrecha y reconocida vinculación con el Partido Socialista permite garantizar su control. Ese es aquí el método elegido.
¿Hasta qué punto puede llegar a plegarse el Tribunal Constitucional bajo la presidencia de Conde Pumpido? Da miedo plantearse esta pregunta.
“Lo que a todos concierne entre todos se decide”. Esto es básico en democracia. Que se estén sometiendo a votación entre las bases socialistas los acuerdos, y no todos, alcanzados o por alcanzar con Junts y Esquerra Republicana no democratiza esos acuerdos ni los legitima.
Eso no es lo que se votó en el mes de julio en las Elecciones Generales, sino precisamente lo contrario, que no se alcanzarían unos acuerdos que incluyeran la amnistía y la autodeterminación.
Las bases socialistas no representan, ni de lejos, a todos los ciudadanos. Como tampoco ERC puede arrogarse la representación de las comunidades autónomas, ni siquiera de la suya, sobre la deuda autonómica.
Estamos asistiendo, con toda evidencia a un autogolpe de manual. Se están pervirtiendo muchas cosas y muy deprisa.
Fdo.: Julio Calvo Iglesias
Presidente del Comité Ejecutivo Provincial de VOX en Zaragoza