Los resultados del 23J han llevado a la política española a una encrucijada en la que ninguno de los bloques cuenta con una mayoría parlamentaria segura. En este contexto, dada la condición de fuerza más votada del PP, resulta lógico que Alberto Núñez Feijóo reclame la legitimidad de ser el primero en intentar obtener la investidura. Sin embargo, la composición de la Mesa del Congreso ya ha dado el primer aviso de lo que será la presente legislatura: el PSOE de Sánchez cuenta con una mayoría fija en sus intereses y la derecha, entre PP y Vox, está desunida y sin rumbo.

Pese a ello, el establecimiento de dos campos inflexibles a los acuerdos deriva de la obstinación del propio Sánchez por dividir a la sociedad y aliarse con radicales y minorías nacionalistas. Nunca explorar la opción de sumar con una España plural que encarna el PP y el PSOE. Porque tras arremeter contra el PP, es ahora Sánchez cuando pide a Feijóo a que deje sus «presiones» al Rey por ofrecerse a una investidura que, en la actualidad, se prevé fallida. Tan sólo las opciones plausibles las tiene Sánchez, que depende en gran medida del respaldo de Junts. En un último intento por atraer a esta formación, el presidente en funciones anunció que promoverá el uso del catalán en Europa, manifestando así su voluntad de continuar ligado al movimiento secesionista.

La disposición del PSOE a negociar la investidura con un partido soberanista, que aboga por la disolución del Estado y está bajo la dirección de un fugitivo de la justicia, es una anomalía impropia de un Estado de Derecho. Es, de hecho, uno de los más burdos planteamientos de las más de cuatro décadas de democracia española. Junts ha heredado gran parte del espacio político de la desaparecida Convergència, pero es una fuerza con tintes antisistema y una estructura orgánica subordinada a la arbitrariedad de Carles Puigdemont. En defensa del PSOE y de sus intereses ligados al nacionalismo radical, encarnado en Junts pero también en ERC y Bildu, Sánchez insiste en recoger el peso popular de los votos de una España plural. Un principio que defiende Sánchez que es erróneo y maniqueo.

Esta perspectiva solo engloba a los nacionalismos e independentismos de País Vasco y Cataluña. Sánchez insiste y persiste en esta idea pero, a ojos de cualquier alejado del veneno nacionalista, uno es consciente que no refleja la verdadera diversidad de la España plural. A pesar de que vascos y catalanes sean parte del conjunto, no representan la totalidad.

Equiparar el pluralismo territorial español con los intereses de los independentistas vascos y catalanes no reconoce la auténtica diversidad de España. Estos grupos nunca han sido representativos de esta diversidad, ya que no ha sido su objetivo principal. Por lo tanto, argumentar que pactar con Bildu y Esquerra implica reconocer el pluralismo de España no tiene en cuenta los intereses de gallegos, castellanos, andaluces o valencianos.

Ni mucho menos el de los aragoneses. Es más, aquel votante del PSOE en estos territorios estará viendo cómo el partido al que votó insiste en dar concesiones a unos pocos españoles para seguir en el gobierno; a pesar del desagravio presupuestario o de inversiones entre estos territorios con donde está empadronado.

Entre tanto, con tanta concesión y protagonismo hacia el nacionalismo vasco y catalán, España se aboca lentamente pero sin freno a un nuevo proceso constituyente. El PSOE está escribiendo un proceso donde España deberá ser reconocida como un Estado confederal, con territorios privilegiados con más derechos, más presupuesto y más autonomía. Casi hasta que éstos, los nacionalistas del País Vasco y Cataluña, crean que viven en un Estado con plena independencia aunque su paraguas siga siendo el Estado español.

La nación española ya no vive en un latente conflicto con dos de sus territorios. Desde hace tiempo ya no estamos en el «proceso catalán» ni en el «proceso vasco» sino en el «proceso español». Esta idea de una nueva realidad territorial, vista como anécdota con el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, es un proceso de liquidación de la España del año 1978. La Nación va, poco a poco, a una futura mutación constitucional empujada por los nacionalistas y la amalgama de partidos de izquierdas enmarcados en Sumar. Con ello, su principal impulsor y ejecutor por pervivir en el poder es el PSOE de Sánchez. No son meras concesiones al nacionalismo con el fin de que quizá se olviden de sus exigencias.

Ellos, los nacionalistas, siempre están en un «proceso» de derribo y asalto al orden constitucional. Si España, o aquellos que aún creen en el desarrollo constitucional y en la defensa de su soberanía, sigue ocultando esta realidad, no habrá solución a medio ni largo plazo. Su proceso no tiene visos de frenarse y así ocurre desde 1978; el asunto estriba en si hay una propuesta constitucionalista atrevida y sin prejuicios que plante cara.