La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado investigar una posible responsabilidad sanitaria por los posibles efectos adversos para la salud derivados del consumo del medicamento Nolotil.
Lo hace tras recibir la denuncia presentada por el Defensor del Paciente y una vez que se han registrado más denuncias tanto en la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía Provincial de Madrid. Así lo refleja un decreto firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, en el que designa como instructor de estas diligencias preprocesales de investigación al fiscal Manuel Campoy.
En este escrito, Alonso fija que las actuaciones del Ministerio Público en este caso tienen por objeto proteger el derecho fundamental de los ciudadanos a la integridad física con relación al derecho a la protección de la salud, y el derecho de los ciudadanos a ser protegidos contra los riesgos que puedan afectar su salud en su condición de consumidores y usuarios de los servicios sanitarios.
En este contexto, la Fiscalía solicita como primeras diligencias solicitar a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (Aemps) un informe en el que identifique a las empresas fabricantes de este medicamento, a las importadoras, las comercializadoras y las distribuidoras en España.
También quiere conocer de la AEMPS las autorizaciones otorgadas al medicamento y la comunicación de reacciones adversas. Además, pide que se le informe sobre qué países han decidido retirar ya este medicamento del mercado, y qué diferencias o razones llevan a mantener su comercialización en España.
El fiscal jefe recuerda que la Fiscalía de la Audiencia Nacional es competente «para conocer de todas aquellas actuaciones administrativas que competen, entre otros, a los organismos públicos con personalidad jurídica propia y entidades pertenecientes al sector público estatal con competencia en todo el territorio nacional».
Y apunta que esto es lo que sucede «con los posibles procedimientos administrativos que pudieran derivarse de la actuación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en relación al medicamento Nolotil».
Se da la circunstancia de que el pasado mes de febrero, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 informó de que estudiaba la denuncia de protección especial de derechos fundamentales presentada por la Asociación de Afectados por Fármacos (ADAF) contra el Ministerio de Sanidad y contra la Aemps, a los que acusa de inactividad «en la farmacovigilancia real, adecuada, actualizada y responsable» sobre el producto Nolotil por los efectos adversos que puede ocasionar en determinada población.
Así constaba en una diligencia de ordenación fechada el 14 de febrero en la que se exigía a la ADAF que subsanara deficiencias en su recurso contencioso.
El asunto partía de una demanda presentada por esta asociación en noviembre de 2023 y de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de enero de este año, en la que acusa a los responsables de los departamentos encargados de esa vigilancia de un delito de imprudencia grave por actuación «negligente» que ha ocasionado en pacientes «daños e incluso fallecimientos».