El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este lunes que el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional las leyes autonómicas de Memoria Democrática de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana porque consideran que van contra la Ley estatal que regula esta materia.
Así lo ha indicado el ministro en una entrevista en La Hora de la 1, donde ha señalado que en Aragón ya hay una ley aprobada que vulnera el «derecho internacional», porque «retira cualquier homenaje a los hombres y mujeres de Aragón, que perdieron la vida en los campos de concentración nazis o lugares de memoria» y además «retira la condena del franquismo», según ha señalado.
Por tanto anuncia que tratarán de convocar un reunión bilateral con este ejecutivo autonómico para llegar a un acuerdo y si no es posible presentarán un recurso ante el TC.
En el caso de Castilla y León y Comunidad Valenciana, señala que estas normas aún no han sido aprobadas y todavía son proposiciones de ley, pero que si salen adelante en los términos actuales, también acudirán al TC.
A su juicio, estas normas pretenden «unir» los años del «totalitarismo y de la dictadura, con un periodo de «régimen democrático» como fue la Segunda República, ha indicado. Para el ministro es «inadmisible» pues considera que el Partido Popular, «obligado por Vox», intenta «blanquear la dictadura».
NOLASCO ADVIERTE A TORRES
El vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, Alejandro Nolasco se ha dirigido a Torres, para advertirle: «Podemos hablar de lo que quiera, desde la cordialidad más absoluta, pero que tenga la convicción de que no vamos a rebajar o a dar un paso atrás ni a quitar un ápice de lo que hemos hecho».
«Hemos derogado una ley sectaria, liberticida y creo que ha sido un hito en la libertad de Aragón. Estaremos siempre en contra de la gente que vaya en contra de la libertad, como es el caso del Gobierno de España».
Además, ha reconocido que «será difícil un entendimiento» con el Gobierno de España sobre la regulación de la Memoria Democrática, porque ellos pretenden «mantener, difundir, promover y alentar una visión distorsionada de la historia que sólo ampara a ciertas víctimas y no a todas».
No obstante, ha afirmado que está «abierto a llegar a acuerdos y al diálogo con todos», con cualquier agente político y social, pese a las declaraciones del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática sobre él, en las que le acusaba de hacer «apología del franquismo» por derogar una «ley liberticida y sectaria».