Para garantizar la relevancia continua del sector logístico en Aragón, es crucial que los proyectos de infraestructura se desarrollen con rapidez y eficacia. En este contexto, el avance del Corredor Cantábrico-Mediterráneo emerge como una necesidad fundamental. Sin embargo, surge la interrogante sobre la disparidad en la velocidad de ejecución entre este y el Corredor Mediterráneo.
El Corredor Mediterráneo, que se extiende desde Algeciras hasta la frontera con Francia, ha sido objeto de una atención significativa tanto a nivel gubernamental como empresarial. Esta ruta de 1.200 kilómetros ha recibido una inversión masiva y un sólido respaldo, no solo por parte del Gobierno Central y la Unión Europea, sino también por parte de grandes empresas con intereses comerciales en la región. Firmas destacadas como Mercadona, CaixaBank, Pamesa, Balearía, Porcelanosa, Grupo Godó y Grefusa, entre otras, han contribuido activamente al financiamiento y desarrollo del proyecto.
En 2023, se asignaron, por parte del Gobierno, 1.695 millones al desarrollo del Corredor Mediterráneo, que contaba con una previsión de gasto semanal promedio de 20 millones. El proyecto finalizó el pasado año con un 76% completado, un 36% de puesta en funcionamiento, el 85% de la infraestructura en proyecto y el 100% de los estudios previos.
La finalización del Mediterráneo se espera para 2030, frente a la previsión de completar en 2040 el del Cantábrico-Mediterráneo. La importancia estratégica del Corredor Mediterráneo, que abarca el 44% del PIB español y el 50% de las exportaciones del país, ha motivado un plan estratégico sólido y una movilización considerable de recursos tanto públicos como privados. La colaboración entre el sector público y el sector privado ha permitido una rápida implementación de este proyecto, con un enfoque en la eficiencia y la competitividad en el transporte de mercancías y pasajeros a lo largo de la costa mediterránea.
EL CORREDOR CANTÁBRICO-MEDITERRÁNEO
Por otro lado, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, con una extensión de 600 kilómetros, se enfrenta a desafíos distintos en términos de financiación y apoyo. Aunque su potencial para mejorar la conectividad entre el norte y el este de España es innegable, el progreso de este proyecto ha sido más lento debido a la falta de recursos y al menor respaldo por parte del sector privado.
![El Corredor Cantábrico-Mediterráneo aportará un gran impulso logístico](https://cdn.hoyaragon.es/wp-content/uploads/2024/03/06171513/corredor-cantabrico-mediterraneo-hoy-aragon-2024-03-06-17-15-12.jpg)
La brecha en la velocidad de ejecución entre ambos corredores refleja no solo diferencias en términos de financiación y apoyo gubernamental, sino también los intereses comerciales y estratégicos que influyen en la priorización de proyectos de infraestructura a nivel nacional. Mientras el Corredor Mediterráneo cuenta con un respaldo sólido y una agenda clara impulsada por una coalición de intereses económicos, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo lucha por obtener la misma atención y recursos necesarios para su desarrollo.
LA LUCHA DE LAS CCAA
Jorge Azcón, desde la Comunidad de Aragón, encabeza una estrategia para fortalecer la conectividad entre Aragón y Valencia mediante una red de alta velocidad. Reconociendo su importancia vital para el crecimiento económico y la competitividad regional, Azcón enfatiza la necesidad de modernizar y ampliar las infraestructuras ferroviarias que enlazan ambas comunidades. Insta a un impulso renovado en este tramo, reconociendo su importancia estratégica para el desarrollo económico y la integración regional.
Las Comunidades Autónomas afectadas por el Corredor Cantábrico-Mediterráneo están uniendo fuerzas en busca de un compromiso más sólido por parte del Gobierno Central. Existe una percepción generalizada de que el impulso y respaldo necesarios están siendo insuficientes. En un movimiento conjunto, estas regiones abogan por una posición unificada.
En última instancia, la finalización tanto del Corredor Mediterráneo como del Corredor Cantábrico-Mediterráneo depende de un compromiso renovado por parte de todas las partes interesadas, tanto públicas como privadas, para superar los desafíos y avanzar hacia una infraestructura de transporte moderna y eficiente que beneficie a todas las regiones de España.