El Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha destacado los esfuerzos del Ejecutivo para evaluar una propuesta del Gobierno de Canarias enfocada en la modificación normativa que facilitaría el reparto de menores migrantes entre las distintas comunidades autónomas de España.
Este anuncio se produce en un momento crucial, en el que la gestión de menores migrantes no acompañados se ha convertido en un tema de creciente importancia en la agenda política y social del país.
El Ministro Torres ha señalado la celebración, el próximo 18 de marzo, de una comisión intersectorial con las comunidades autónomas, una iniciativa liderada por la Ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz.
Este encuentro será seguido por una comisión interministerial de migraciones coordinada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, marcando pasos firmes hacia la búsqueda de soluciones concertadas.
Torres expresó su esperanza de que, dentro del mismo mes de marzo, se pueda contar con una propuesta de modificación normativa. Sin embargo, subrayó la necesidad de superar dos grandes desafíos: encontrar la opción jurídica más viable y asegurar el compromiso de los distintos grupos políticos, dado que cualquier cambio en la normativa debe ser aprobado por las Cortes Generales.
El esfuerzo del Ejecutivo hacia esta causa es «indudable», tal como lo demuestran los 50 millones de euros asignados al Gobierno de Canarias para la gestión de menores migrantes no acompañados tanto en 2022 como en 2023.
Este compromiso se ha reforzado mediante la celebración de conferencias sectoriales dirigidas a estandarizar la tutela, guarda y custodia de estos menores en todas las comunidades autónomas.
A pesar de estos esfuerzos, Torres reconoce que el volumen de menores desplazados es aún muy bajo, atribuyéndolo a las dificultades asociadas a los convenios bilaterales.
Por ello, se muestra optimista ante la posibilidad de alcanzar «un compromiso por parte de todas las fuerzas políticas para la modificación normativa», la cual permitiría un reparto más equitativo de estos niños y adolescentes, basado en criterios objetivos y la obligación compartida de las comunidades autónomas junto al compromiso del Gobierno de España.
Este momento representa un punto de inflexión en la política migratoria española, con la potencialidad de mejorar significativamente la vida de muchos menores migrantes no acompañados, asegurando su bienestar y su integración en la sociedad española de una manera más justa y coordinada.