La Comisión de Justicia del Congreso ha dado luz verde a la ley de amnistía, con el apoyo del PSOE y sus socios parlamentarios Sumar, Junts y ERC, y frente al rechazo de PP y Vox, la ley recoge los cambios acordados en la última hora por los socialistas con Junts y ERC. La aprobación ha generado un aluvión de reacciones que evidencian la división de opiniones al respecto.
Desde el gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido la normativa asegurando que cumple con «los mejores estándares europeos» y se posiciona como «un referente mundial». Sin embargo, esta visión no es compartida por todos. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente la ley, alegando que el gobierno «va a dejar impunes delitos gravísimos contra el corazón de la UE».
Por otro lado, Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha celebrado la aprobación describiendo la ley como «integral y de aplicación inmediata». Nogueras ha destacado que la ley limita la interpretación judicial de lo que constituye un acto terrorista, insinuando que podría evitar excesos por parte de la cúpula judicial.
La polémica también ha resonado a nivel autonómico. Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, ha expresado su firme oposición, calificando la ley de «ataque a la historia de nuestra democracia» y anunciando que su gobierno empleará todos los recursos a su alcance para combatirla. Azcón ha enfatizado que la ley, a su parecer, va en contra de la igualdad y representa una humillación para los aragoneses.
Este jueves, Azcón reiteró su descontento, describiendo la aprobación de la ley como «el mayor ataque a la historia de nuestra democracia» y un día «extraordinariamente triste» para Aragón. Acusó al PSOE de abrazar la desigualdad y de alinearse con las demandas de partidos independentistas.
En esta línea, el Gobierno de Aragón interpondrá todos los recursos que estén a su alcance para defender la legalidad y «para decir que los aragoneses no estamos dispuestos a que nadie nos humille«, según recalcó Azcón. Por ello, se plantea el Ejecutivo aragonés recurrir la ley de amnistía y está estudiando todos los resortes legales para que sea un recurso efectivo ante el Tribunal Constitucional.