El encuentro entre Yolanda Díaz y el prófugo Carles Puigdemont en Bruselas representa uno de los acontecimientos políticos más graves en España en los últimos años. No hay precedentes que un cargo institucional y representante del Estado de carta de naturaleza a un sujeto perseguido por la Justicia por delitos contra el propio Estado y su Constitución como Carles Puigdemont. El Gobierno, de esta manera, daña gravemente la dignidad de la Justicia española y especialmente al magistrado que lleva el caso, Pablo Llarena, quien ha trabajado con rigor e independencia.
La vicepresidenta en funciones socava la autoridad del Estado al actuar en su representación y se coloca en una posición altamente cuestionable y denunciable políticamente. Una posición que sería insostenible en cualquier otro país que entienda la institucionalidad como un principio básico de rigor con el cargo, salvo que España está sumida en una situación de deterioro institucional y una excepcionalidad casi irreversible.
En primer lugar, no es defendible afirmar que se reunió con Puigdemont como líder de Sumar y no como parte del Gobierno, ya que ambas condiciones no pueden separarse. También es sorprendente que La Moncloa alegue que supo de la reunión a última hora de la noche y que no la respalda, cuando es evidente que el PSOE y Sumar están centrados en atraer a Junts a la investidura.
La visita de Yolanda Diaz de manera sorpresiva y sin rendir cuentas ante nadie, siendo una cita mantenida en el máximo secreto, para citarse con Puigdemont y actuando como si no existiera el contexto de la investidura, es una falta absoluta de respeto a la Constitución y a lo que representa el Estado. Este acto confiere una legitimidad moral a la figura de Puigdemont y a su causa, que incluye el ataque al orden constitucional y la aspiración de impunidad.
Esta posición de Yolanda Diaz falta al respeto al proceso judicial en curso y al trabajo desarrollado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que buscan enjuiciar a Puigdemont de manera legítima y legal. El costo moral de este viaje es impredecible y pone también en una situación de debilidad a Pedro Sánchez, en su potencial investidura con los nacionalismos, desde PNV, Junts y Bildu.
En octubre de 2018, el entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, visitó la cárcel de Lledoners para reunirse con Oriol Junqueras en busca del apoyo de ERC para Pedro Sánchez. Ahora, la vicepresidenta del Gobierno y sucesora en la izquierda radical ha ido un paso más allá al legitimar aún más el procés liderado por el PSOE.