La decisión jurídica del Tribunal de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) por paralizar la licitación de la construcción y explotación de la Nueva Romareda ha sido un jarro de agua fría. Nadie esperaba una resolución similar al recurso de Podemos, planteado cuando ejercía la actividad política en el Ayuntamiento y que tras el 28 de mayo está fuera del consistorio por no tener representación. Este recurso planteado y ahora ejecutado por el tribunal administrativo TACPA rompe el sueño de la gran mayoría de los zaragozanos, y especialmente de los aficionados del Real Zaragoza.

La cuestión es: ¿se preserva la legalidad del procedimiento? Porque la decisión del TACPA, un órgano jurídico dependiente del Gobierno de Aragón, va encaminada en esa idea. Sin embargo, hay un elemento importante que contemplar: la duda jurídica está en la aplicación del derecho de superficie como fórmula jurídica y los usos terciarios incorporados. Pero tanto el estudio económico que hizo la consultora IDOM para el Real Zaragoza, los informes avalados por catedráticos de la Universidad de Zaragoza y otro informe acreditado por otro experto más -hasta tres informes-, explicitan que en un periodo de 40 o 50 años no hay una rentabilidad garantizada. Por no decir que estos pliegos ahora cuestionados por el TACPA han sido aprobados por la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza e incorporaron todas las recomendaciones del Interventor Municipal, con el fin de garantizar los filtros jurídicos y asegurar la legalidad del proyecto.

Sobre la modificación, tras la alegación del Real Zaragoza a un periodo de 75 años del derecho de superficie, el objetivo era uno: facilitar la inversión privada para la construcción de un nuevo estadio y que no costara ni un euro a la ciudad. Había otras vías para ejecutar jurídicamente el nuevo estadio, pero ya se desecharon desde el inicio. La fórmula que más rédito podría haber acarreado, y un amplío consenso, es la sociedad mixta entre varias instituciones e inversores privados. Esta idea fue rechazada de plano por el presidente Javier Lambán y negó que el gobierno aragonés pudiera aportar dinero a la operación.

Una aseveración que dista del ejemplo que ha seguido con la estación de Canfranc y su completa remodelación. En ese proyecto no se cuestiona el contrato de arrendamiento, a través de Suelo y Vivienda de Aragón, ni tampoco se rechaza el pago previo de 32 millones como inversión. Es precisamente en el contrato de arrendamiento de Canfranc donde se ha ido a un total de 69 años y con una inversión inicial de 32 millones con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma. Nada que ver con la Nueva Romareda, donde el Ayuntamiento de Zaragoza no pagaría nada. Y todo saldría del bolsillo de los inversores y dueños del Real Zaragoza.

Sin duda, en la comparación de ambos proyectos, la fórmula utilizada para Canfranc es más gravosa para el interés público. Pero ha prosperado sin remilgos del gobierno aragonés ni mucho menos del TACPA. De ahí la doble vara de medir por parte del tribunal administrativo del gobierno aragonés. Porque con su tesis, en base a lo dictado en la resolución, resultará imposible sacar ningún derecho de superficie en Aragón para garantizar una inversión privada.

Entre tanto, el mejor proyecto para la Nueva Romareda de los cuatro que existieron está en la cuerda floja. Tras 25 años de intentos, otro que ha querido ser torpedeado. Y los inversores americanos saben que las zancadillas jurídicas por puro interés electoral o político no es la mejor seguridad jurídica cuando quieres pagar 140 millones en un estadio y garantizar el futuro deportivo de un club con tanto arraigo como el Real Zaragoza. Las urnas ya colocaron a Lambán y Ranera, junto a sus socios de Podemos, en un lugar secundario. En parte por la estrategia emprendida contra La Romareda. Esta resolución del TACPA es la estocada final tras perder las elecciones.

Nadie en el gobierno aragonés vinculado con la resolución del TACPA niega lo que a ojos de muchos parece evidente. La decisión política va vinculada con la resolución jurídica. Esto no es nuevo en el TACPA ni se estrena con la Nueva Romareda. Las decisiones jurídicas de este órgano administrativo han sido más que polémicas, en ocasiones, por la oportunidad política en tomarlas. Hay nombres que su vinculación política y su pertenencia al órgano jurídico del TACPA son más que conocidas. Así como los movimientos laborales entre funcionarios que aspiraban a una plaza y ha sido lograda por otro, entre los cuales la enemistad es manifiesta.

Es el caso de Paula Bardavio como ponente de la resolución del TACPA sobre la nueva Romareda, vinculada con el PAR de Arturo Aliaga. O la intención de Esperanza Ríos por acceder a la plaza de jefa del departamento de residuos y ecología urbana, que terminó siendo el puesto para Ángel García Cordoba, ex secretario general del INAGA y que denunció las presuntas irregularidades sobre el desarrollo de las renovables en la gestión del Ejecutivo de Lambán.

Entre tanto, cuando levantas las bambalinas, se percibe más de una jugada política con aires de venganza que una decisión solvente jurídicamente. Al tiempo se verá, y más con el TSJA mediante, que deberá decidir el recurso planteado por el Ayuntamiento a la resolución del TACPA. Hasta entonces las bambalinas del TACPA seguirán dando que hablar.