Dinamarca, conocido por su próspera economía y modelos de bienestar social, se encuentra en medio de una controvertida política que busca combatir la creciente desigualdad y la sensación de inseguridad en el país.
El Gobierno socialdemócrata danés ha decidido demoler barrios enteros habitados mayoritariamente por ciudadanos ‘no occidentales’, una medida que ha generado polémica tanto dentro como fuera del país.
A pesar de ser históricamente reconocido por su baja desigualdad de ingresos y su eficiente Estado de Bienestar, Dinamarca ha experimentado un aumento en el coeficiente de Gini en los últimos años, alcanzando niveles cercanos a los países del sur de Europa. Esta tendencia se ha vinculado a la creación de guetos, áreas ocupadas por familias de bajos ingresos, en su mayoría inmigrantes de países o culturas diferentes.
El Gobierno danés defiende su plan de demolición, argumentando que busca desmantelar las «sociedades paralelas» donde los inmigrantes no participan plenamente en la sociedad ni aprenden danés, a pesar de beneficiarse del sistema de bienestar social del país. La medida, que cuenta con un fuerte respaldo interno, obligará a miles de inmigrantes a abandonar sus hogares en pos de la integración en vecindarios de bajos ingresos.
La aplicación de la «ley del gueto» ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional. Los detractores acusan al Gobierno de discriminación étnica, señalando que estas medidas afectarán desproporcionadamente a minorías étnicas y a personas con bajos ingresos. Algunos residentes amenazados de desalojo han iniciado acciones legales, acusando al gobierno de violar convenciones internacionales contra el racismo.
El programa gubernamental implica la demolición, venta a inversores privados o reemplazo de miles de apartamentos en vecindarios específicos. La ley exige que en áreas donde al menos la mitad de la población sea de origen no occidental y se cumplan ciertas características socioeconómicas, la proporción de viviendas de alquiler social debe reducirse al 40% o menos para 2030. Esto significa la demolición de más de 4.000 unidades de vivienda pública, con al menos 430 ya demolidas.
El Gobierno argumenta que estas medidas son esenciales para evitar la formación de guetos y fomentar la integración. No obstante, críticos como Hans Skifter Andersen, profesor de la Universidad de Aalbord, sostienen que la aplicación de la «ley del gueto» resultará en una reducción de la vivienda social y opciones de alquiler moderado, limitando las oportunidades para minorías étnicas y personas con bajos ingresos.
En un contexto político marcado por la pérdida de apoyo de los socialdemócratas y la creciente influencia del Partido Popular Danés, fundado en parte como respuesta contra la inmigración, la «lucha contra las sociedades paralelas» ha adquirido un alto valor simbólico en Dinamarca. La controversia persiste mientras el Gobierno defiende su estrategia como un esfuerzo integral por promover la cohesión social y garantizar oportunidades equitativas para las generaciones futuras.