El presupuesto de 2024 tendrá 43,4 millones más por la captación de fondos de la Unión Europea (UE) lo que supondrá aumentar la inversión de los 108 millones de euros iniciales hasta los 151,7 millones, que es un 40 por ciento más sobre la previsión inicial.

Este refuerzo de  la inversión  ha sido posible gracias  a la  apuesta  estratégica del  Gobierno  municipal  por  los  mecanismos   de   financiación   europeos, con el diseño y presentación de proyectos de impacto alineados con los objetivos de sostenibilidad medioambiental y relacionados con las nuevas tecnologías. Esta línea de trabajo ha posicionado  a Zaragoza  como  la segunda ciudad española – por detrás de Madrid- con mayor captación de fondos europeos. 

Para la concejala de Hacienda, Blanca Solans, es una «buena noticia» pues contribuye a ejecutar inversiones «para una ciudad de vanguardia, más saludable y sostenible en términos de carácter social».

PROYECTOS

Del total de estos nuevos ingresos a la adquisición de autobuses eléctricos se destinarán 12,36 millones de euros; el contrato de las nuevas bicicletas públicas dispondrá de 6,5 millones de euros, las electrificación de cocheras de los autobuses urbanos 2,9 millones de euros; la recogida de residuos orgánicos 1,2 millones; las mejoras en el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos 1,6 millones; el acondicionamiento de las riberas del río Huerva 1 millón; la eficiencia energéticas de museos y salas de exposiciones 410.000 euros: las políticas de digitalización 900.000 euros; las instalaciones deportivas 200.000 euros y la rehabilitación del antiguo IES Luis Buñuel 100.000 euros, además de 43.8000 euros para reformas de la Casa Amparo.

REMANENTE

Tras la liquidación del presupuesto de 2023 el remanente de tesorería del pasado ejercicio es de 9,3 millones de euros.

Sobre el destino de esa cuantía se está analizando pero no se puede concretar, de momento, al estar a expensas de las reglas fiscales que se suspendieron en la pandemia, pero ya se han levantado y el debate sobre si se aplicarán las mismas de antes del coronavirus está en debate en el Parlamento europeo.

Según la normativa estatal, el remanente se debe destinar a amortización de deuda, pero esta regla se suspende desde la pandemia, la última prórroga ha vencido en 2023 y el Gobierno de España no ha aclarado hasta ahora las condiciones para 2024.